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Publicado: Martes 11 de diciembre de 2012 a las 05:00 hrs.
La primera inversión de un fondo largamente esperado para ayudar a proveer servicios financieros a los pobres permite ver las dificultades que aún enfrentan las organizaciones de microcrédito en la China rural.
Estas ONG, que llegan a 100 en China, buscan apoyar el emprendimiento y combatir la pobreza mediante pequeños préstamos a individuos y negocios que tienen dificultades para acceder al crédito. Sin embargo, han tenido problemas por largo tiempo porque Beijing se ha negado a definirlas como instituciones financieras auténticas, lo que impide que reciban depósitos.
El Fondo Financiero Inclusivo General, creado el año pasado por la firma CreditEase, con sede en Beijing, apunta a cambiar eso.
El fondo -el primero de su tipo en China- recauda dinero entre inversionistas corporativos e individuales y redistribuye el dinero a las ONG. Hasta ahora ha recaudado 10 millones de yuanes (US$ 1,6 millones).
Las ONG de microcrédito surgieron en 1994 y en su peak en 2003 llegaron a ser más de 300, pero sólo un tercio sobrevivió la década, según un reporte de CreditEase.
“Como no están autorizadas a recibir depósitos y sus fondos iniciales usualmente son pequeños, muchas ONG tienen dificultades para expandirse y por tanto no pueden satisfacer la demanda de sus clientes”, según CreditEase.
Du Xiaoshan, miembro de la Academia China de Ciencias Sociales, lamentó que China, a diferencia de otros países en desarrollo, no apoye estas ONG.
Añadió que en muchos distritos afectados por la pobreza no funciona una sola de estas entidades. A fines del año pasado, en casi 1.700 municipios, un 4% del total, no había ninguna institución financiera, según la Comisión Regulatoria Bancaria (CBRC).
Du añadió que además muchas ONG deben mejorar la calidad de su personal y sus prácticas de administración.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.