Blanca Arthur
Era un secreto a voces la preocupación que existía en La Moneda por los costos políticos que le acarrearía el caso de la intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, que acaparó la agenda prácticamente durante todo el mes de febrero.
Pero la inquietud no se centraba sólo en que -- tal como lo advirtió incluso el propio presidente Sebastián Piñera-- afectaría la popularidad del gobierno en las encuestas, sino en que la situación no necesariamente quedaría superada con la polémica decisión de mantenerla en el cargo con el argumento de que no había ilícitos en su actitud.
Los hechos confirmaron que las aprensiones tenían fundamentos. En lo relacionado con el respaldo al gobierno, los resultados de la medición de Adimark del último mes mostraron, por una parte, que la desaprobación tanto a Piñera como al gobierno se empinó casi al 50%, mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter—quién apareció liderando el caso—sufrió una baja de 5 puntos, atribuible precisamente al rechazo que produjo el manejo de la situación. Pero a ello se suma que el mismo sondeo reafirmó que el flanco más débil del gobierno es la credibilidad.
Como estas cifras estaban dentro de lo calculado, lo que más le importaba al gobierno era la posibilidad de que el tema permaneciera en la agenda, si es que la Concertación finalmente optaba por concretar su amenaza de acusar constitucionalmente a la intendenta, que fue precisamente la decisión que adoptaron de manera unánime las bancadas parlamentarias tras retomar sus labores después del receso legislativo.
Es cierto que era una alternativa que las autoridades no descartaban, aunque reconocen que les complica, pero más que por la posibilidad de que el libelo prospere y se destituya a Van Ryesselberghe –lo que no perciben fácil—por las implicancias políticas que podría tener no poder cerrar un caso que admiten que afecta al gobierno en distintas aristas.
Cálculos opositores
En esa dirección apuntaron, justamente, los cálculos de los dirigentes opositores que lograron imponer su criterio de no claudicar en la decisión de presentar la acusación contra la intendenta.
De acuerdo a lo que indican algunos líderes concertacionistas, no fue una determinación fácil. En primer lugar, porque admiten que los fundamentos jurídicos no parecen lo suficientemente sólidos, con lo que el riesgo de que se les acuse de que se trata de una maniobra no sólo podía afectar la imagen opositora, sino no contar con el respaldo de los diputados independientes o del PRI que requieren para que se gane.
Pero frente a tales aprensiones, manifestadas por algunos parlamentarios, finalmente primaron los fundamentos políticos, en cuanto a que los costos de presentarla eran menos de los beneficios que calcularon que podían obtener.
Quizás el principal argumento que se impuso para decidir la arremetida contra la intendenta, es que se trataba de una gran oportunidad para la Concertación de superar los desencuentros que hubo el año pasado, comenzando este 2011 actuando unida en una causa que, dado el rechazo que ha producido la actitud de Van Ryssenberghe, les puede redituar políticamente.
Conscientes de que la credibilidad del gobierno es uno de sus puntos más débiles, algunos dirigentes opositores indican que entre las razones que pesaron para alinearse, es que con este caso podían apuntar con especial fuerza a ese tema, teniendo en cuenta el reconocimiento explícito de la intendenta de que inventó una historia para favorecer a un grupo de pobladores. Con esa finalidad, la expectativa opositora es que aun cuando no existan ilícitos que se le puedan imputar a la autoridad regional, se instale en el debate que el gobierno no consideró o no le dio importancia a un problema ético, que incluso es el argumento jurídico que pretenden esgrimir tratando de demostrar que no cumplió con las normas de probidad que la Constitución exige a las autoridades.
Otro de los criterios que se impuso, también apuntó a no cederle el terreno al gobierno en otro de los flancos que lo ha debilitado, como es el de las críticas a la reconstrucción post terremoto.
En la mirada de los líderes opositores, pesó el hecho de que la acusación les permita mantener en un lugar prioritario de la agenda el tema que reconocen que es el que más beneficios les ha reportado desde que idearon la estrategia de disparar en contra de la lentitud que acusan que ha tenido el proceso. Con la arremetida en contra de la intendenta de la zona más afectada, la apuesta en la Concertación es que la discusión podría poner en entredicho la eficiencia en la gestión que el gobierno ha querido imponer como el sello de su mandato.
Y no menos trascendente en los análisis concertacionistas para arriesgarse con la acusación constitucional, es que ésta profundice las diferencias al interior del oficialismo que este caso exacerbó como ninguna otra situación lo había hecho con anterioridad.
Contraataque del
gobierno
Con esta arremetida, en que para los dirigentes de la Concertación el principal propósito más que destituir a Van Rysselberghe--que saben que es difícil-- son los perjuicios que esperan generarle al gobierno, La Moneda inició, antes de tener la certeza de que la acusación se presentaría, su propio contraataque tendiente a minimizar sus posibles daños.
Calculando hacia dónde apuntarían los dardos opositores, la estrategia de palacio fue idear una fórmula que, en primer término, buscara recuperar la credibilidad del gobierno, que es uno de los problemas que más inquieta.
Fue en ese contexto que se acordó acelerar el anuncio del post natal de 6 meses, como una manera de demostrar la decisión de cumplir con la palabra en una de las principales promesas de la campaña, a lo que se sumará en los próximos días la iniciativa para terminar con el 7% de salud a los jubilados.
Poniendo la prioridad en estos compromisos postergados, en que además las autoridades pretenden que no tengan esa “letra chica” que criticaba la oposición, aduciendo que desnaturalizaba lo prometido, la expectativa de La Moneda es quitarle a la Concertación las municiones que quiere emplear con la acusación constitucional.
Con ello, la idea es detener la caída en la credibilidad tanto del gobierno, como del presidente Piñera, situación a la que, como reconocen en palacio, el caso Van Rysselberghe colaboró.
Pero el diseño del gobierno también pretende que con el debate sobre el post natal –que se inició—y posteriormente con el del 7% de los jubilados, sean esos temas sociales los que se tomen la agenda, e impidan que la oposición imponga su criterio de insistir en los problemas de la reconstrucción.
Con cierto optimismo, en palacio esperan disminuir los costos de una de las situaciones que admiten que más les ha complicado, lo que no quiere decir que consideren que la lucha con que comenzará el año será fácil.
Es cierto que las esperanzas de La Moneda apuntan a que la acusación contra la intendenta no prospere, para lo que no han escatimado acercamientos hacia el PRI o los independientes, pero no desconocen que no sería suficiente si es que no tienen éxito en su intención de cambiar la agenda, ni tampoco si no se detienen los problemas que han quedado de manifiesto al interior de la coalición.
Como admiten algunos personeros de palacio, ahora que la Concertación tomó la opción de emprender una ofensiva unitaria, no pueden exponerse a no hacer al menos el intento de superar las fisuras, además de alinearse en torno a la estrategia ideada para controlar los daños de la bomba política en que se transformó el caso de la polémica intendenta del Biobío.