La denominada Operación Tokio, una de las mayores investigaciones por lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua detectadas en Chile, y que permitió lavar cerca de US$ 78 mil millones, puso en el centro del debate el funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El organismo, que se desprende del Ministerio de Hacienda, es encargado de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas para detectar eventuales casos de lavado de activos, entre otros crímenes.
En medio de las repercusiones que ha generado el caso, que derivó en la formalización de 17 imputados y que también involucró a dos ejecutivos ligados al sistema financiero, la extitular de la UAF entre 2009 y 2012 y actual directora de Codelco, Tamara Agnic, abordó los desafíos de la institucionalidad, el rol de los bancos y la discusión sobre el secreto bancario.
En conversación en vivo con el programa de Diario Financiero DF al Cierre, Agnic defendió el funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos, y señaló que a la población, que puede verse atemorizada frente a este tema, “más bien, hay que decirles que los sistemas están funcionando”.
El rol de la UAF
La exautoridad explicó que la UAF cumple una función intermedia entre las entidades privadas obligadas a reportar operaciones sospechosas y los organismos encargados de perseguir delitos.
“La UAF es como el nexo entre donde se lava la plata o donde se trata de lavar la plata, que es en el sector privado, y el aparato persecutor”, señaló.
Según detalló, el organismo recibe reportes de operaciones sospechosas, los contrasta con información propia, antecedentes de organismos públicos y datos obtenidos mediante cooperación internacional. A partir de ese análisis, determina si existen antecedentes suficientes para remitir un caso al Ministerio Público.
Destacó que el trabajo de la institución se realiza sobre sospechas y no sobre delitos acreditados, por lo que buena parte de los reportes terminan archivados luego de ser analizados. Asimismo, enfatizó que la UAF no tiene facultades investigativas penales y que su labor consiste en desarrollar inteligencia financiera para orientar eventuales investigaciones posteriores.
La exdirectora de la UAF Tamara Agnic y el director de Diario Financiero, José Tomás Santa María, en la entrevista en DF al Cierre.
Bancos y la Operación Tokio
Respecto del rol de las instituciones financieras en casos como la Operación Tokio, Agnic evitó realizar una evaluación categórica.
“Es difícil hacer un juicio transversal”, sostuvo. Planteó que existen espacios para perfeccionar el sistema y cuestionó la incorporación de algunos actores cuya contribución sería limitada.
“Tengo un juicio bastante crítico. Creo que nos hemos llenado de sujetos obligados (a reportar ante la UAF) cuyo valor aporte es cero”, afirmó.
Explicó que, a su juicio, existen “algunos muy pequeños donde la carga burocrática que tú les impones no es coherente con el valor que le entrega al sistema”.
En tanto, al ser consultada sobre si los bancos actuaron correctamente en este caso, Agnic señaló que “no podemos emitir ese juicio, porque nunca vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que los distintos bancos reportaron, porque de partida esa información es secreta y reservada”, indicó.
Frente a la participación de dos personas imputadas ligadas a entidades bancarias en la trama investigada, indicó que el caso también deja una señal positiva.
“Siempre lo miro como el vaso medio lleno. Me parece que es más bien positivo que el sistema haya sido capaz de alertar. Uno obviamente quisiera que fuera el primer día, pero todas estas operaciones son extremadamente complejas, son difíciles y por eso es que los Estados se tienen que dotar de herramientas, para poder ser más eficaces en la persecución de estos delitos que son muy complejos”, afirmó.
Secreto bancario
La ingeniera también respaldó el proyecto que busca facilitar el acceso de la UAF -y otras entidades- a información protegida por secreto bancario. “Yo soy muy favorable a lo que está contenido en ese proyecto de ley”, dijo.
Comentó que el principal beneficio de la reforma sería agilizar el acceso a antecedentes adicionales cuando existen sospechas fundadas, evitando trámites que actualmente deben realizarse ante un ministro de la Corte de Apelaciones.
Según explicó, para la UAF ello se traduciría en una actuación “más ágil y tener más acceso sin tanta burocracia”.
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