Con el fin de perfeccionar las normas de inversiones del sistema de pensiones, al aumentar las exigencias para evitar conflictos de intereses y entregar mayor transparencia, la Superintendencia de Pensiones publicó ayer dos nuevas normas en consulta.
Los proyectos de norma (NT 398 y NT 399) que están dirigidos a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) establecen que dichas entidades deberán entregar más datos respecto a las personas que participan en las decisiones de inversión.
El regulador explicó que las nuevas regulaciones se refieren a inversiones realizadas en el exterior en activos de oferta pública, instrumentos derivados y activos alternativos, y son análogas a las vigentes para las inversiones nacionales. "No tienen relación con la inversión indirecta materializada a través de fondos de inversión nacionales", precisó.
Sin embargo, la actual normativa no cubre a las transacciones efectuadas en el exterior, en instrumentos derivados y en activos alternativos, ni tampoco respecto de aquellas realizadas a través de sociedades extranjeras.
En términos generales, se deberá ampliar la información contenida en los archivos de registros que se reportan a la SP, esto es, instrumentos financieros transados en mercados extranjeros y otros instrumentos.
Específicamente, parte de las nuevas obligaciones indican que se deberán informar la fecha en que se efectuó una transacción, de la cual se debe indicar los apellidos paterno y materno y los nombres de la persona que intervino en la transacción, o la razón social de la persona jurídica.
Además, se debe precisar si esta persona es ciudadana chilena o extranjera e indicar la relación o posición que presenta respecto de la AFP.
Las normativas tienen como plazo máximo para recibir consultas y comentarios el 5 de marzo y entrarán en vigencia a contar del 1 de septiembre.
Diario Financiero consultó a las gestoras previsionales sobre su visión de la nueva norma, pero todas decidieron no referirse al respecto, excepto Planvital.
La AFP ligada al grupo italiano Generali valoró la propuesta argumentando que fortalece la transparencia del mercado y de las normas que regulan los conflictos de interés. "En este momento, estamos analizando la normativa en consulta y las posibles adecuaciones que deban implementarse", sostuvieron desde la gestora.
Ley actual
Actualmente, la ley define una política de solución de conflictos de interés que contiene ciertos factores mínimos.
En primer lugar, las AFP deben definir e identificar potenciales conflictos de interés. Asimismo, tienen que establecer criterios para prevenir, gestionar y superar situaciones con conflicto de interés que "puedan afectar el proceso de inversiones, cautelando a todo evento el interés de los fondos", precisa la norma.
Por otra parte, las administradoras tienen la obligación de elaborar procedimientos y normas de control interno que aseguren un adecuado manejo y solución de los conflictos de interés que puedan afectar tanto a la AFP como a sus directores, gerentes, administradores, y, en general, a cualquier persona que, en razón de su cargo, tenga acceso a información de las inversiones de un fondo "que aún no haya sido divulgada al mercado, y que por su naturaleza, sea capaz de influir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones", detalla la ley.
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Las últimas modificaciones que ha presentado el regulador
En los últimos meses, la Superintendencia de Pensiones ha publicado al menos cuatro normas en consulta. Es decir, que pone a disposición del público y de agentes del mercado, las propuestas sobre regulaciones, con el propósito de recibir sugerencias y comentarios.
A fines del año pasado, la instancia emitió una normativa que aumenta las exigencias de gestión de seguridad y ciberseguridad para las AFP. El cambio busca optimizar los procesos y proteger la confidencialidad y disponibilidad de la información de los afiliados.
En noviembre último, se publicó otra que incorpora el riesgo climático y los factores denominados ASG (Ambientales, Sociales y de Gobiernos corporativos) en las políticas de inversión y de gestión de riesgos de las administradoras.
A mediados de 2020, el regulador también impulsó una nueva legislación que permite la inversión en activos nacionales de pequeñas y medianas empresas. El objetivo de este cambio al régimen de inversión es "ampliar las alternativas de inversión, homologar criterios entre inversiones en Chile y en el extranjero, y generar mayores eficiencias", explicó la SP.
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