El Ministerio de Hacienda ingresará hoy un proyecto de ley que busca reforzar el sistema financiero. La iniciativa tiene como objetivo incorporar nuevas herramientas legales que permitirán apoyar al ecosistema financiero, en caso de que fuese necesario.
La cartera liderada por el ministro Mario Marcel visualizó que la dejó en evidencia la importancia de contar con un sistema financiero resiliente, que contribuya a atenuar los efectos económicos y sociales de las crisis.
Una primera medida del proyecto de ley, es crear la posibilidad de aplicar mecanismos de compensación en procedimientos de liquidación de pactos de retrocompra o REPOS.
Los financiamientos colateralizados de corto plazo es una de las herramientas para enfrentar escenarios críticos en materia de liquidez y estrés financiero, dentro de los cuales resaltan las operaciones de venta con pacto de retrocompra, conocidas también como operaciones REPO.
Este tipo de operaciones son utilizadas por distintas entidades para administrar su liquidez de corto plazo, permitiéndoles dos aspectos. El primero es que ajustan su portafolio de activos a las necesidades de liquidez propias del negocio, administrar riesgos financieros y dar cumplimiento a exigencias regulatorias.
Y el segundo aspecto es que permiten rentabilizar activos de bajo riesgo y aprovechar oportunidades de arbitrajes en mercados monetarios.
Nuevo rol del Banco Central
Otra medida que busca impulsar la cartera es ampliar los servicios del Banco Central para incluir a infraestructuras del mercado financiero e intermediarios financieros no bancarios. Así, el proyecto le entrega herramientas legales para apoyar con liquidez a otras instituciones más pequeñas y no bancarias, ampliando el perímetro de ayuda permitido hasta ahora.
De esta manera, se contribuye a un manejo más eficaz de las situaciones de estrés financiero y así velar por el buen funcionamiento del sistema y la continuidad de los pagos internos y externos.
Actualmente, la legislación sólo faculta la extensión de los servicios a entidades bancarias establecidas o autorizadas para operar en Chile. Por lo tanto, otros intermediarios financieros no bancarios no acceden a dichos servicios y, en su caso, pueden acceder indirectamente a través de los bancos.
Además, se permitirá a entidades privadas de depósito y custodia de valores (DCV) a que puedan realizar acciones de compensación y, a su vez, se permite el reconocimiento de Entidades de Contraparte Central (ECC) extranjeras para operar como contrapartes locales.
Con esto se persigue lograr un mejoramiento de la institucionalidad para infraestructuras del mercado financiero.
Cabe recordar que usualmente el proceso de transferencia y prenda de valores está asociado con un proceso de compensación y liquidación en dinero, en muchas jurisdicciones es común que los depositarios de valores también gestionen cámaras de compensación de valores.
También es usual que se permita a las ECC sujetas en sus países de origen a un esquema de regulación y supervisión equivalente al local, ser reconocidas en dichas jurisdicciones y ofrecer servicios en sus respectivos mercados. Esta posibilidad no está contemplada en el marco legal chileno, reduciendo el espacio para la competencia.
Ampliación del perímetro de la CMF
La última medida de Teatinos 120 es la modificación de la Ley General de Cooperativas, con lo cual se establecerán estándares mínimos prudenciales más elevados para las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) que entrarán al perímetro de supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Asimismo, se permitirá el acceso a los servicios del Banco Central a las CAC que cumplan con ciertos requisitos. De igual modo, se creará un procedimiento simplificado de obtención de rol único tributario para los sujetos no residentes que celebren determinadas operaciones transfronterizas en peso chileno.
Las CAC actualmente realizan actividades en algunos aspectos similares a los bancos, sin embargo, y a diferencia de estos, se concentran en segmentos de la población que normalmente no tienen acceso a la banca, cumpliendo un rol de inclusión financiera
Dadas estas nuevas responsabilidades, la implementación de estas medidas implicará para la CMF un incremento en sus funciones de fiscalización y supervisión a las CAC, introduciendo evaluaciones a la gestión de riesgos y gobierno corporativo, así como publicación y mantenimiento de normas, lo que significará la contratación de cuatro nuevos funcionarios desde el primer año desde que se publica la ley.
La aplicación del proyecto implicará un mayor gasto fiscal de $ 184 millones, monto que se financiará en su primer año con los recursos contemplados en el presupuesto de la CMF y –en caso de ser necesario- el Ministerio de Hacienda podrá suplementar con los recursos que se traspasen de la partida de Tesoro Público. En los años siguientes se considerará en la respectiva Ley de Presupuestos.
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