Un nuevo foco de tensión se abrió en el sistema de concesiones hospitalarias. La sociedad a cargo del Hospital de La Serena -ligada a la española Acciona- ingresó una discrepancia ante el Panel Técnico de Concesiones en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP), acusando una serie de incumplimientos contractuales que, según sostuvieron, afectó de manera directa la programación y la ruta crítica del proyecto.
El reclamo apunta principalmente al prolongado proceso de revisión y aprobación del Proyecto de Ingeniería Definitivo (PID), una etapa clave para habilitar el desarrollo pleno de la fase constructiva y que, según la concesionaria, aún no concluye, pese a que las obras del establecimiento ya registran un avance superior al 15%.
De acuerdo con el documento presentado por el socio abogado de Molina Ríos, Víctor Ríos, los hechos se concentran entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, período en el cual el mandante habría desplegado actuaciones contrarias a las bases de licitación, “afectando directa y gravemente los plazos del contrato”.
La concesionaria sostuvo que durante la segunda y tercera entrega parcial del PID reformulado se produjeron demoras reiteradas que no serían atribuibles a deficiencias del proyecto, sino a la forma en que el MOP condujo el proceso de revisión.
Entre los principales cuestionamientos se mencionaron observaciones extemporáneas, reaperturas injustificadas de materias ya cerradas, cambios de criterio entre revisiones y falta de continuidad técnica en la inspección fiscal, marcada -según el escrito- por una alta rotación de personal.
Estas prácticas, afirmó la concesionaria, forzaron iteraciones no contempladas en el marco contractual, desnaturalizando el procedimiento regulado en las bases de licitación y extendiendo artificialmente el cierre del diseño.
Ello habría impactado directamente la secuencia técnica del proyecto, cuya ejecución se estructura en cinco declaraciones de avance físico, dependientes del cierre oportuno del PID para habilitar actividades críticas de construcción y adquisiciones.
El problema con la DOM
A este escenario, indicó el privado, se suman actos de autoridad ajenos al riesgo contractual de la concesionaria.
Entre ellos, se encuentra una paralización administrativa de diez días decretada por la Dirección de Obras Municipales de La Serena -posteriormente declarada ilegal- y restricciones a la reanudación del tránsito de camiones para excavaciones masivas, impuestas mediante exigencias no previstas en el contrato.
Si bien dichas medidas fueron invalidadas, la empresa sostuvo que impactaron en el rendimiento y la continuidad de las obras.
Como resultado de este conjunto de hechos, la concesionaria estima que el proyecto ha sufrido un impacto total de 266 días calendario en su plazo de ejecución. Dicho desfase -argumentó- no le es imputable y debe ser reconocido formalmente mediante una ampliación contractual, conforme a la normativa.
Así, en su presentación, la sociedad concesionaria solicita al Panel Técnico recomendar la extensión del plazo máximo de construcción en esos 266 días, lo que implicaría reformular las fechas de las declaraciones de avance y postergar la puesta en servicio provisoria del hospital desde octubre de 2028 a julio de 2029.
“Las actuaciones del MOP a lo largo del desarrollo del contrato de concesión se han traducido en incumplimiento de sus obligaciones. Además, tales infracciones han significado importantes impactos para el proyecto y para esta concesionaria, que ameritan ser rectificadas mediante el reconocimiento en plazo correspondiente”, se desprende del escrito.
El Hospital de La Serena es actualmente uno de los principales proyectos de infraestructura sanitaria en la Región de Coquimbo. La obra contempla levantar un recinto de alta complejidad, con más de 125 mil metros cuadrados de superficie, 671 camas y 15 pabellones, destinado a atender a más de 720 mil personas de La Serena, La Higuera, Vicuña y Paihuano.
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