Una mayor carga fiscal para Fonasa y aseguradoras privadas, lidiando con carteras de cada vez más riesgo, son las alertas que se encienden en el sector salud por el envejecimiento acelerado de la población que advirtió el INE este miércoles.
Por un lado, el seguro público “enfrenta el desafío de sostener y profundizar la protección financiera con una base de cotizaciones relativamente menor, lo que exige un mayor compromiso del financiamiento fiscal”, explica la CEO de Sugg y Asociados, Daniela Sugg.
En tanto, agrega el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, las isapres “enfrentan un shock de pool de riesgo (contracción y cambio de composición) en un entorno de alta presión regulatoria y social”.
El proceso, agrega la exautoridad, ya comenzó para el sector salud, que está sufriendo los efectos. “Hoy el tema es de preocupación, la evidencia sugiere que el sistema ya está entrando en la fase “pre‑2036” (fecha en que la población comenzaría a disminuir): Fonasa incrementa sostenidamente sus beneficiarios mayores (+60), y el sistema isapre muestra una contracción relevante de beneficiarios en los últimos años, con salidas concentradas en edades laboralmente activas”, relata Fernández.
¿Qué hacer? La respuesta, afirma Sugg, “no puede limitarse a financiar el daño”.
Según la economista, lo que se requiere es desplazar el foco hacia la reducción de la carga de enfermedad a lo largo del curso de vida, lo que se podría lograr fortaleciendo la promoción, prevención y autocuidado.
Además, dice Sugg, habría que revisar “el supuesto de que los 65 años marcan necesariamente el retiro de la vida productiva. Extender los años de participación laboral es clave tanto para la salud y el bienestar de las personas como para la sostenibilidad del sistema”.
En esa línea, Sugg argumenta que un mayor compromiso de financiamiento fiscal con Fonasa tendría que ir aparejado de transferencias que incentiven el cuidado, la eficiencia y mejores resultados sanitarios, “junto con avanzar hacia una mayor autonomía funcional como asegurador, diferenciando con claridad su rol del de la autoridad sanitaria y de la gestión de la red asistencial”.
Para las isapres, en tanto, plantea que “la sostenibilidad dependerá de ofrecer planes viables para una población envejecida, avanzando desde una lógica centrada en prestaciones hacia modelos de protección basados en cuidados integrales. Esto requiere una mayor alineación con los prestadores para contener el gasto innecesario y cambios regulatorios que no pueden seguir postergándose , como la resolución de las preexistencias y los mecanismos de compensación de riesgos”.