El gobierno y el sector bancario asumen que la reforma financiera no podrá acometerse sin dinero público. El Ejecutivo trabaja a contrarreloj para acabar de perfilar los detalles de su plan de saneamiento bancario. Aunque los trabajos están muy avanzados, aún quedan flancos por cerrar, por lo que previsiblemente será el próximo viernes 3 de febrero cuando reciba el visto bueno en el consejo de ministros.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya anticipó hace tres semanas que el saneamiento requeriría 50.000 millones de euros en provisiones adicionales. El gobierno ha defendido hasta ahora que la reforma no tendrácoste para el contribuyente, pero el esquema del plan de saneamiento que está redactando el Ejecutivo contemplaría mecanismos de apoyo público para aquellas entidades que no puedan afrontar por sí solas la limpieza de sus balances.
En medios financieros se calcula que el apoyo del Estado podría situarse en una cifra de entre 7.000 millones y 10.000 millones de euros. Se articularía a través del Frob (Fondo de Reestructuración), aunque no se descarta una participación del Fondo de rescate europeo.
Este soporte podría articularse a través de suscripción de títulos, como participaciones preferentes o bonos convertibles.
La ayuda tendría carácter transitorio y no sería a fondo perdido. El gobierno tendría rendimientos vía dividendo so cobro de intereses.
Clasificación
El resto de la factura del saneamiento la podría cubrir el propio sector, con la generación de resultados, su exceso de fondos propios, ampliacionesdecapital y ventas de activos, entre otras fórmulas.
También se cuenta con las participaciones preferentes emitidas por las entidades, que se convertirán en capital de máxima calidad. Los grandes grupos están en vías de convertir hasta 10.000 millones en preferentes.
El gobierno es consciente, en cualquier caso, de que no todas las entidades tienen el mismo margen de maniobra. El esquema en que se trabaja, de hecho, segmenta a bancos y cajas en cuatro grupos (pueden desglosarse hasta en cinco) en función de su fortaleza y de su capacidad para afrontar el proceso.
El Ejecutivo desarrollará la reforma a través de un decreto y posterior modificación de la circular del Banco de España que fija el sistema de provisiones. El supervisor ya cambió en 2010 su norma contable sobre dotaciones.
Ahora, se prevé que el regulador vuelva a modificar la regulación para adaptarla a las nuevas coberturas. El gobierno va a elevar las exigencias de provisiones de los riesgos inmobiliarios problemáticos que las entidades tienen en sus balances. Suman 176.000 millones de euros, sobre una exposición total al sector inmobiliario de casi 350.000 millones de euros,según datos del Banco de España.
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