La historia juega a favor de México. Estados Unidos está imponiendo cada vez más barreras a los productos hechos en China, obligando a multinacionales a buscar nuevos lugares donde instalar sus fábricas.
El nearshoring, diversificación de las cadenas de suministros, ha sido uno de los factores detrás del buen momento que vive México, con tasas de crecimiento por sobre 3% en los dos últimos años.
Este desarrollo se ha traducido en una reducción de la pobreza. Según cifras oficiales, la pobreza multidimensional bajó de 40,9% en 2020 a 36,3% de la población en 2023.
Sin embargo, la insuficiencia de inversiones y una política de seguridad cuestionable han creado dos obstáculos significativos para que el país pueda aprovechar el contexto internacional favorable: una grave crisis energética y un crimen organizado cada vez más poderoso. “Están dejando pasar la oportunidad para atraer más inversiones”, sentencia Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en conversación con Señal DF.
Mito vs. realidad
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha presentado el auge de la inversión extranjera directa (FDI) como uno de sus principales legados. Según cifras oficiales, en 2023, la FDI alcanzó un récord de US$36.058 millones. Sin embargo, como bien apunta Moy, la balanza de pagos del banco central mexicano muestra que en 2023 la FDI cayó en US$254 millones o un 0,6% respecto a 2022.
Más importante aún, del monto registrado el año pasado, sólo el 13% obedece a nuevas inversiones. Una caída relevante si se tiene en cuenta que en los años previos a la pandemia poco más de un tercio de la FDI correspondía a nuevas inversiones (y en 2022 fue casi la mitad).
Foto: Reuters
“Lo del boom de la FDI es un mito. Es el triunfo de la narrativa sobre los datos”, agrega Moy. Una investigación reciente de IMCO muestra creciente preocupación entre las empresas en tres temas clave: capital humano, infraestructura y seguridad. El último lo asumen como un costo, los dos primeros aparecen como verdaderos frenos a la inversión.
Según el estudio realizado por IMCO, el aumento de la inmigración no se ha trasladado en un alza permanente de la mano de obra, pues la mayoría mantiene la expectativa de cruzar hacia EEUU. Además, la falta de infraestructura pública (agua potable, alcantarillado) supone un freno a la construcción de viviendas para aumentar el personal cerca de los parques industriales.
El problema más inmediato es la falta de energía eléctrica. “No estamos hablando de energías limpias, verdes. Simplemente no hay energía suficiente sin importar cuál sea la fuente”, agrega Moy.
Los apagones masivos que afectaron a México a inicios de mes, al igual que tras una ola de calor en junio pasado, han servido de recordatorio de la vulnerabilidad del sistema. Moody’s Research reporta que la demanda de energía eléctrica ha crecido en México un 3,85% anual en los dos últimos años, muy por encima del 2,5% anticipado por el Gobierno.
Una de las primeras medidas de la administración de AMLO fue concentrar en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el desarrollo de nuevos proyectos y las inversiones en el sector, mientras se limitó la participación de las empresas privadas. El gremio empresarial mexicano Corpamex acusa que la CFE sólo ha desarrollado hasta ahora un décimo de los centenares de proyectos de inversión aprobados.
Según Moody’s, la vulnerabilidad del sistema eléctrico es uno de los principales factores que las empresas deben considerar al evaluar instalar operaciones en México.
“Es una de las políticas más equivocadas de esta administración… Hay una obsesión presidencial por la soberanía, más que la seguridad energética. Una obsesión por refinar petróleo, porque refinemos la gasolina que consumimos, y todas las inversiones se van en esa dirección”, apunta Moy.
La apuesta por la producción y refinamiento local de combustibles ha sido lenta, y recién en febrero se registraron los primeros aumentos de producción. Mientras, México ha tenido que recurrir a la importación de gas natural desde EEUU para cubrir la creciente demanda. Pero, la falta de inversión en infraestructura de almacenamiento (suficiente sólo para dos días), impide que las importaciones resuelvan del todo la vulnerabilidad del sistema.
El otro estado
No es la única política polémica de la era de AMLO. El mandatario de izquierda es un acérrimo crítico de la cuestionada “guerra contra la droga” del expresidente Felipe Calderón. Se estima que unas 120.000 personas murieron entre 2006-2012 producto de esta campaña, que además originó una guerra entre los propios carteles.
Por el contrario, AMLO ha seguido una política de “dejar hacer” a cambio de una reducción de la violencia. Esto ha llevado a que el crimen organizado haya establecido su propio ordenamiento territorial, mientras diversifica sus operaciones.
Los números varían entre 70, 80 y hasta 150 grupos de crimen organizado, afiliados o no a los dos carteles más grandes: Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Según la Agencia Antidroga estadounidense (DEA) estos dos carteles contaban a 2023 con unos 45.000 miembros directos, y con intermediarios en más de 100 países.
“En este último sexenio se abandonaron las estrategias de fortalecimiento institucional que estaba implementando, se quitó apoyo a las policías locales y se concentró todo en la Guardia Nacional, que tiene un componente militar… Pero los militares están en todo, administrando aeropuertos, hoteles… menos en seguridad”, afirma a Señal DF la académica del Tecnológico de Monterrey, María Teresa Martínez, quien se dedica a investigar el fenómeno de la violencia y la extorsión.
Al igual que en otras áreas, el Gobierno de AMLO asegura que su política ha tenido éxito en reducir la cifra de homicidios. El Informe de Paz de México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), confirma que en 2023 la tasa de homicidios bajó a su menor nivel desde 2016, con 23,3 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esto implica todavía más de 30.000 homicidios anuales, que se comparan con los 18.500 registrados en 2015.
“Se enfocan mucho en los homicidios, pero ahora tenemos también otros problemas. Tenemos una crisis de desapariciones, y un aumento de la extorsión, y esto último es algo difícil de cuantificar porque no se reporta”, explica Martínez.
La cifra de desaparecidos en México bordea los 100.000, con un récord de 12.000 casos reportados en 2023, un tercio de ellos se trata de mujeres. A eso se suma la violencia política. En 2023 se registraron 171 asesinatos a figuras políticas y funcionarios públicos. Organizaciones para los Derechos Humanos reportan que durante la última campaña al menos 40 candidatos y dirigentes fueron asesinados.
“Que tengamos menos violencia, no quiere decir que tengamos más seguridad”, apunta Martínez, en referencia a la diversificación de las actividades de los carteles y con ello el auge de crímenes menos visibles como la extorsión, que -además- alcanza a todos los estratos sociales.
“Es un problema para las pequeñas y medianas empresas. Las empresas grandes pagan. Eso lo asumen como un costo más de operación. Se preocupan, claro, por la seguridad de sus empleados, pero incorporan el costo”, afirma Moy del IMCO, cuando se pregunta por el interés de las multinacionales por invertir en la zona fronteriza entre México y EEUU a pesar del crimen organizado.
El IEP estima que, en 2023, el impacto económico de la violencia en México fue de US$ 245.000 millones, casi el 20% del PIB del país.
“El crimen organizado ya no es narco, o no sólo narco. El crimen organizado está en la actividad económica real. El crimen organizado controla el mercado del aguacate (palta) en Michoacán, controla el mercado del pollo, controla el mercado de los insumos de construcción en el estado de México. No en todo el país, pero en muchas partes, hay un estado dentro del estado. El crimen organizado está tomando funciones del estado y eso es muy difícil de revertir”, alerta Moy.
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