El mercado se enfocó en las declaraciones que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, hizo sobre la inflación. Pero uno de los anuncios más concretos de su exposición ante el Congreso fue el de la emisión de la norma que faltaba para institucionalizar de forma definitiva las stablecoins.
Hasta el mes pasado, la industria de stablecoins tenía una capitalización de mercado de US$320.000 millones, según CoinMarketCap. Las stablecoins son tokens digitales emitidos por privados a una paridad permanente de US$1: por cada token en circulación, el emisor debe mantener un dólar en reservas, en efectivo o bonos del Tesoro de corto plazo. Esto las distingue de criptomonedas como el bitcoin, cuyo precio fluctúa, y las vuelve útiles como medios de transferencia y pago en minutos y a costos mínimos. De ahí su expansión: emisores como Tether, con unos US$188.000 millones, figuran hoy entre los mayores tenedores privados de deuda estadounidense, por el volumen de bonos del Tesoro que respaldan sus tokens.
A pesar de su acelerado crecimiento, las stablecoins son un segmento del sistema de pagos que hasta ahora se ha mantenido en la periferia de la industria financiera. Eso está por cambiar ante el impulso regulador. La Fed tiene hasta este 18 de julio para presentar la norma y cumplir con la GENIUS Act, aprobada hace un año, que crea el marco institucional para la operación de los tokens en EEUU. Los otros cinco reguladores del sector, incluido el Tesoro, presentaron ya sus normas.
Hasta ahora, la paridad con el US$1 descansa en una promesa del emisor, sin obligación regulatoria ni supervisión. La GENIUS Act establece la obligación de tener reservas verificables y separadas del patrimonio, además de una prioridad legal de los tenedores sobre esas reservas en caso de quiebra. Esta última medida está incluida en la hoja de ruta conjunta que los gobiernos de EEUU y Reino Unido publicaron esta semana para regular el sector.
Con la acción conjunta de las dos principales plazas financieras del mundo, las stablecoins adquieren un sello institucional que ya tiene consecuencias. El jueves pasado, Visa lanzó una plataforma para que sus 15.000 instituciones financieras y más de 200 millones de comercios afiliados operen stablecoins. Dos días antes, la fintech de pagos Stripe y el fondo Advent presentaron una oferta de más de US$53.000 millones por PayPal, operación que uniría la stablecoin PYUSD con la red de pagos de Stripe. Los reguladores evalúan, además, si estos activos pueden servir como colateral en los mercados financieros.
La regulación es clave en el proceso de transformación que se espera para la industria financiera. El Citi Institute proyecta que el mercado de activos financieros tokenizados —acciones, bonos y fondos representados como tokens en blockchain— pasará de unos US$17.000 millones actuales a US$5,5 billones hacia 2030 en su escenario base. Dentro de ese universo, las stablecoins alcanzarían una emisión de US$1,9 billones en 2030. Citi las describe como el "dinero on-chain" que provee la base de pagos que faltaba para avanzar con la tokenización.
Latinoamérica también es parte del proceso. Según datos de la industria, la región registró transacciones por unos US$324.000 millones a través de stablecoins en 2025, un alza de 89% interanual, y exhibe una de las mayores tasas de adopción del mundo. En Brasil, el 90% de los flujos de criptoactivos están asociados a stablecoins. Esta semana, el diario La Razón reportó que el gobierno boliviano estudia incorporar USDT —la stablecoin de Tether y de mayor uso en el mundo— como medio de pago en su sistema nacional. En Chile, la Ley Fintech incorporó los criptoactivos al perímetro regulatorio, sujetando servicios como la intermediación y la custodia a la supervisión de la CMF. Su adopción es todavía incipiente, aunque empiezan a aparecer usos ligados a pagos y transferencias internacionales.
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