El Consejo Constitucional y, más específicamente, la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales inicia este lunes la discusión del artículo 16 del anteproyecto, sobre los derechos sociales. Para contribuir a ese debate, el Centro de Estudios Públicos (CEP) elaboró un documento en el que investigadores del organismo hacen una historia, diagnóstico y propuestas en relación con educación, salud y pensiones.
Los investigadores Sebastián Izquierdo, Gabriel Ugarte y Mauricio Salgado analizaron el anteproyecto, al que los consejeros deberán introducir enmiendas, mismas que ya fueron ingresadas y que comienzan esta semana la etapa de discusión, y a partir de ese documento plantean una serie de propuestas. Esto, haciendo hincapié en la principal “innovación” del texto elaborado por la Comisión Experta: el Estado social y democrático de derecho, habiendo énfasis en “Estado social”, algo que –según señala el estudio del CEP- en la actual Constitución es sólo una aspiración.
El documento detalla que “el anteproyecto condiciona a tres criterios el despliegue de los derechos sociales: la provisión mixta, la progresividad y la responsabilidad fiscal” y que “cada uno de los derechos sociales presenta desafíos particulares en su ámbito sectorial, los cuales deben ser abordados a través de legislación que se base en dichos principios”. Pero alerta sobre el hecho de que “un contenido más amplio en la Constitución puede reducir el espacio de deliberación democrática y dificultar la modificación de acuerdos constitucionales”.
Y destaca que “la colaboración público-privada en la provisión de servicios sociales ha sido una tradición en Chile, con la sociedad civil desempeñando un papel importante en la educación, salud y pensiones. Este aspecto ha sido contemplado desde las bases del acuerdo constitucional y se refleja en el anteproyecto” y advierte que para que el nuevo texto no se quede en meras declaraciones es fundamental la modernización del Estado.
Recomendaciones transversales
En este sentido, uno de los autores, el investigador Gabriel Ugarte, hace hincapié que en el diseño de la nueva Constitución derechos como los relativos a la seguridad social ya mencionados, como salud, pensiones y educación, deben ser analizados desde la perspectiva de la política pública, considerando su estado actual. En este escenario, hay recomendaciones transversales en estas materias a la labor del Consejo Constitucional que son la cooperación público-privada, sostenibilidad fiscal y un Estado moderno.
Ello se debe a que “lo que nosotros vemos es que Chile no está siendo suficientemente eficiente con los recursos que tiene, especialmente a la luz de los resultados del país”, porque, por ejemplo, se gastan muchos recursos públicos y privados en educación, si se compara con otros países en cuanto a resultados en pruebas internacionales “encontramos que hay un problema de eficiencia”, explica Ugarte, y para avanza en un Estado social y democrático de derecho, enfatiza, hay que preocuparse de que el Estado sea eficiente, en el marco de un Estado moderno.
Y, en ese contexto, una de las propuestas es la modernización del empleo público y la institucionalización de “Centros de Gobierno” que proporcionen asesoría estratégica a las administraciones de turno y coordinen los objetivos de los gobiernos, transfiriendo ciertas funciones de los ministerios a esta nueva entidad, para fomentar la estabilidad y el seguimiento efectivo del desempeño estatal.
Ello, porque según Ugarte “uno esperaría que algunas instituciones fueran más técnicas y variaran tanto con los gobiernos, lo que se nota mucho, por ejemplo, en algunas instituciones que son muy importantes en salud, que deberían tener un perfil más técnico”. Por lo que es clave –añade- separar la administración pública de los cargos de confianza. Por lo demás, Chile está mal ubicado respecto de otros países, en cuanto a la calidad de la atención médica que los chilenos perciben que reciben y ello se debe a que siente “una desprotección financiera muy grande”, temor a no poder pagar la isapre en algún momento, en el sector privado; y en el sector público las largas listas de espera.
Mientras que en materia de sostenibilidad fiscal, Uribe ejemplifica con lo que ocurre en educación que los resultados en educación escolar están estancados, lo mismo que las brechas; y la calidad del servicio es muy distinta si el prestador es público o privado o el lugar donde están las escuelas. De allí que en esta área sea donde más se nota la falta de eficiencia.
No obstante, Ugarte es enfático al señalar que “la discusión constitucional no es suficiente para arreglar los problemas de salud o en las otras área”.
Por otro lado, una de sus propuestas en materia de sostenibilidad fiscal tiene que ver con una fórmula en la que podrían avanzar los consejeros constitucionales con el fin de robustecer el enfoque de que los tribunales no deben definir o diseñar políticas públicas, ni generar presiones de gasto público. Y es que la Constitución podría establecer una instancia de reclamación ante la cual el Poder Ejecutivo recurriera si considera que un fallo de los tribunales define o diseña políticas públicas, generando presiones de gasto.
A modo de conclusión Ugarte advierte que “si vamos a entrar a una nueva Constitución en la que hay acuerdo que debe avanzar hacia un Estado social de derecho, si no avanzamos también por el otro camino, que va a asegurar estándares mínimos de calidad, puedes terminar generando una mayor frustración”.
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