Cuando queda menos de una semana para que la ciudadanía decida entre aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución, las entidades financieras extranjeras siguen atentas al desenlace del proceso, y sobre todo a lo que significará hacia adelante.
JPMorgan plantea, a partir de las encuestas, que “el Rechazo a la nueva Constitución sigue siendo el resultado más probable”, pero aclara que “independientemente de si se favorece al Apruebo o al Rechazo, la mayoría exige reformas adicionales”.
Diego Pereira, economista jefe del banco de inversión para el Cono Sur, aclara que, sea cual sea el resultado este domingo, “el proceso no habrá terminado”, y prevé que “si los ciudadanos demuestran que las encuestas se equivocan y se aprueba la Constitución de la Convención, la reacción del mercado probablemente agravaría los desequilibrios que aún afectan a la macroeconomía”.
El analista considera que “en un contexto de impulso de la inflación muy elevado y de amplio déficit corriente, es probable que aprobar añada una tensión adicional a través de la cuenta financiera, lo que probablemente obligará al Banco Central a cumplir y tal vez ampliar su programa de intervención en divisas”.
Y, también plantea que la combinación de la legislación para la nueva Constitución y las reformas tributaria y de pensiones “probablemente estresaría a los parlamentarios”, aunque la coalición del gobierno ya se ha comprometido a un “conjunto de enmiendas”.
En el caso contrario, Pereira reitera que “aunque gane el Rechazo, la incertidumbre institucional va a persistir”. El analista detalla que ésta pesará sobre los gastos de capital y el crecimiento potencial, pero agrega que “también sería justo reconocer que los incentivos para una nueva Convención estarían, en principio, sesgados hacia una mayor moderación”.
Añade que, en ese caso, “es probable que las primas de los activos se reduzcan, aunque sigan siendo elevadas en términos históricos”, y precisa que, de instalarse una nueva Convención, habría “una serie de dimensiones que tendrían un impacto negativo en la inversión de mediano y largo plazo, en las cuentas fiscales y en los costos laborales”.
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