El 10 de julio, la Sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley de Transferencia de Tecnología y Conocimiento ingresado por el Ejecutivo, que busca promover la investigación y facilitar la creación de empresas (spin off) bajo el alero de las Instituciones de Educación Superior (IES), además de crear un Repositorio Nacional de Conocimiento e Información Científica y Tecnológica.
La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Aisén Etcheverry, explicó que la propuesta original surgió en el gobierno anterior, tras la asesoría de los abogados Maximiliano Santa Cruz y Guillermo Carey, quienes presentaron dos visiones: una que planteaba “altas exigencias de patentamiento” y otra que “favorecía con mayor fuerza la disponibilidad de las invenciones financiadas con fondos estatales en el dominio público”.
La ministra explicó que no hubo consenso entre ambas posiciones. Frente a esto, se optó por incorporar en el proyecto de ley la segunda opción, propuesta por Carey, la que permite que los investigadores elijan cuál modelo elegir, es decir, si optan por proteger sus desarrollos a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), dependiente del Ministerio de CTCI, o bien incluirlos en el repositorio público (modelo de ciencia abierta).
“Chile tiene una industria innovadora diversa, con dos áreas mayoritarias: la IA, con modelos de innovación abierta que requieren de más apertura al conocimiento y de los datos para poder desarrollarse y la biotecnología, que se apoya principalmente en el sistema de patentamiento porque son invenciones que requieren de largos períodos de tiempo”
Aisén Etcheverry, Ministra de Ciencia.
“Chile tiene una industria innovadora diversa, donde hay dos áreas mayoritarias: la inteligencia artificial, con modelos de innovación abierta que requieren de más apertura del conocimiento y de los datos para poder desarrollarse; y la biotecnología, que se apoya principalmente en el sistema de patentamiento porque son invenciones que requieren de largos períodos de tiempo y donde el monopolio que entrega la patente hace mucho sentido para el tipo de invento”, comentó la ministra Etcheverry.
El socio de Carey Abogados, Guillermo Carey, señaló que no es necesario considerar el patentamiento en el proyecto de ley, porque la ley de propiedad industrial ya contiene “los elementos necesarios” para que las empresas puedan patentar.
Añadió que la propuesta del Ejecutivo “no busca suplir una deficiencia de la ley de propiedad industrial”, sino promover la transferencia de conocimientos y eliminar las trabas que dificultan que las IES puedan crear o participar de spin off, estableciendo mecanismos para prevenir potenciales conflictos de interés entre estas instituciones.
Para el abogado, “algunos han objetado que el proyecto no impone cargas para los asignatarios de fondos públicos”, pero argumentó que la versión actual les exige reportar a la ANID su intención de proteger los resultados y tomar medidas para proteger sus derechos de propiedad industrial, bajo los procedimientos y plazos que establecerá el reglamento.
“El proyecto tampoco impide que los distintos organismos que asignan fondos puedan imponer requisitos más estrictos en esta materia”, afirmó Carey.
La otra mirada
El socio de Santa Cruz IP y exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), Maximiliano Santa Cruz, indicó que el sistema de patentes es una “herramienta potente” para el desarrollo económico y para la competitividad de las empresas, pero que hoy el país no supera las 400 solicitudes al año.
Ante esto, dijo que “el gran error del proyecto es que cree que la mejor forma de servir al interés público es poniendo la investigación a disposición de todo el mundo”.
Añadió que, aunque la solución no es obligar a patentar, la propuesta regulatoria tampoco fomenta el patentamiento. “Nadie debería invertir en algo que no sea propietario -y que quede en el dominio público- porque alguien mañana lo va a copiar, sobre todo si son tecnologías simples”, dijo.
Una visión similar tiene el socio de Sargent & Krahn, Cristián Barros, quien señaló que el proyecto actual carece de un “sistema robusto” para proteger las innovaciones científicas y tecnológicas y de incentivos tributarios para fomentar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en las universidades.
También comentó que si bien el patentamiento está consagrado en la ley 19.039 sobre propiedad industrial, en términos que regula el proceso, la vigilancia y los derechos que obtienen los inventores, “esto no justifica que no se haya abordado en el proyecto de ley, porque este “carece de incentivos a la innovación”.
Explicó, que entre los incentivos que podrían incluirse, están los créditos tributarios que se podrían aplicar una vez que el spin off universitario licencie una tecnología patentada. Entonces, en lugar de pagar un impuesto, se le devuelve para que la universidad pueda “seguir invirtiendo en innovación, en científicos, más laboratorios y de esa forma ir creciendo en el ecosistema”, señaló.
Agregó que si en el debate parlamentario no se incluyen este tipo de incentivos, se podría dificultar la innovación en las IES. “Tenemos que ayudarlos a que pueda ser un poco más fácil innovar”, dijo Barros.
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