A un año de su ingreso, este miércoles la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley del Gobierno que regula los sistemas de inteligencia artificial (IA), cuyo siguiente paso será la Comisión de Hacienda de la corporación.
La jornada partió a las 08:30 con una primera sesión programada para revisar y votar las indicaciones al proyecto de ley en la que participaron siete -Eric Aedo, Tomás Lagomarsino, Daniel Lilayu, Helia Molina, Erika Olivera, Rubén Oyarzo, Hernán Palma- de los 13 integrantes, además del diputado Jaime Sáez, en reemplazo de Gael Yeomans.
No obstante, se citó a una segunda sesión que no figuraba en la programación oficial hasta unas pocas horas antes, lo que llevó a las ausencias de algunos diputados opositores al proyecto y que eran los más activos en el debate, como la diputada Paula Labra -que está en el extranjero- y el diputado Johannes Kaiser -que tampoco estuvo esta mañana-y de otros con presencia permanente como Oyarzo, Yeomans, Gaspar Rivas y Marcela Riquelme.
A la nueva cita acudieron Aedo, Olivera, Lagomarsino y en reemplazo de algunos de los ausentes, Andrés Giordano, Juan Santana y Patricio Rosas a quienes les correspondió votar las indicaciones a los últimos cinco artículos (26° al 31°) y las disposiciones transitorias, lo que permitió despachar el texto a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El diputado Lagomarsino fue el escogido por la comisión para ser el informante del proyecto de ley cuando sea votado en la Sala.
¿Qué cambió?
En lo grueso, el mensaje presidencial de 31 artículos, mantuvo su marco legal general, basado en el riesgo y la protección de derechos, aunque las indicaciones aprobadas generaron más contrapesos, claridad en sanciones y medidas de apoyo a la innovación que no estaban presentes en el proyecto original.
Entre los cambios que los diputados promovieron, destaca el refuerzo al principio de explicabilidad, el que establece que los resultados de los sistemas de IA deben ser comprensibles para las personas afectadas.
También se ajustaron los usos prohibidos de la IA, como la manipulación subliminal, identificación biométrica remota, extracción masiva de imágenes faciales y evaluación emocional en ciertos contextos.
Se incorporó un artículo que obliga a los operadores de IA de alto riesgo a implementar sistemas de monitoreo continuo del funcionamiento e impacto de sus sistemas durante su ciclo de vida útil.
Los derechos de autor fueron un tema de debate en las sesiones de la comisión, donde finalmente se aprobó una indicación del diputado Lagomarsino que exige transparencia sobre si los datos usados para entrenar una IA incluyen obras con derecho de autor, que había sido resistida por el Ejecutivo apelando su dificultad técnica y jurídica.
En cuanto al régimen de incidentes, el Ejecutivo logró aprobar un artículo que obliga a los operadores de IA a notificar incidentes relevantes en un plazo de 72 horas en coordinación con la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad.
La institucionalidad propuesta por el proyecto también sufrió cambios. La creación del Consejo Asesor Técnico de IA vio modificaciones en sus funciones, como proponer políticas de fomento para la IA, emitir recomendaciones éticas sobre esta tecnología y presentar un informe anual al Congreso y al Ministerio de Ciencia, donde estará alojado este consejo.
Además, tras un amplio debate, se aprobó el marco legal para permitir que órganos del Estado habiliten espacios de prueba supervisados (sandbox) para tecnología de IA, y estableció que quienes adopten estos espacios estarán exentos de multas si cumplen todas las reglas, aunque no de responsabilidad civil por eventuales daños.
Otro cambio relevante se dio en el régimen sancionatorio propuesto, en que el Ejecutivo incorporó criterios claros de proporcionalidad, como el tamaño de la empresa, número de afectados, acciones de mitigación y nivel de cooperación.

La ministra de Ciencia y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, estuvo presente en la comisión.
Los debates en la tramitación
Durante estos meses, en las sesiones de la comisión se dieron una serie de debates y tensiones. Entre ellas, la protección de derechos versus el fomento a la innovación.
En este punto, la gran tensión ha sido entre quienes promueven una regulación estricta basada en estándares como la europea (Ejecutivo) y quienes han advertido que el proyecto podría frenar el desarrollo tecnológico, especialmente de pequeñas empresas y startups, como los diputados Labra, Kaiser y Lagomarsino.
Otro de los debates se dio cuando se revisaron las indicaciones al Consejo Asesor, con múltiples solicitudes para incluir inhabilidades por potenciales conflictos de interés. Finalmente, la comisión decidió dejar ese punto para el segundo trámite legislativo.