El chileno Juan Ignacio Díaz es uno de los actores que de manera muy reservada ha tenido un rol bastante protagónico en el devenir de la gran industria minera mundial, hoy en la palestra tras los anuncios de Donald Trump, en orden a que impondrá aranceles de 50% al cobre. Díaz es el presidente y CEO de la International Copper Association (ICA), entidad que representa a las principales compañías mineras de cobre del mundo, incluyendo a Codelco, Antofagasta Minerals, Freeport y Glencore, entre muchas otras.
Desde esa vereda, encabezó hace un tiempo el envío de un escrito oficial al gobierno de Estados Unidos, en respuesta a la investigación de la Sección 232, como se conoció a la indagatoria que anunciara en febrero aquel gobierno, en orden a analizar el gravar importaciones de productos que representan una amenaza para la seguridad nacional.
Pero no contento con eso y como hubo más de 80 comentarios a la investigación sobre minería en aquel país, en abril Díaz sostuvo además una reunión directamente en la Casa Blanca con David Copley, a quien Trump designó a cargo de la National Energy Dominance Council -traducido como el Consejo Nacional del Dominio Energético de Estados Unidos-, y quien es la máxima autoridad del gobierno de ese país en temas de energía y minería, un organismo creado por el presidente estadounidense, en ausencia de un ministerio sectorial, para unleash o “desatar” la industria minera local.
Juan Ignacio Díaz
En ambas instancias, la escrita y la presencial con este asesor de Trump, Díaz envió los mensajes que la industria minera mundial, incluida la chilena, quería representar, en medio de este álgido debate arancelario. Que se oponen a los aranceles al cobre refinado, advirtiendo que dañarían a las industrias consumidoras y a toda la cadena de suministro en Estados Unidos. Que defienden las importaciones de cobre desde países aliados, como Chile, Perú y México, por la seguridad de suministro que brindan. Propusieron medidas no arancelarias, como controlar las exportaciones de chatarra y el fomento al reciclaje local. Recomendaron que, si se imponían aranceles, éstos se aplicaran a productos semielaborados importados, que compiten directamente con los fabricantes estadounidenses. Y además plantearon que el cobre fuera reconocido como mineral crítico, para facilitar beneficios fiscales. Y que es esencial para la seguridad nacional y la transición energética.
Pero pese a estos claros mensajes, esta semana poco halagüeños pronósticos se hicieron carne en la industria cuprera, luego de que Donald Trump mencionara que el arancel al cobre sería del 50%. Y aunque al cierre de esta edición todavía no había sido publicada la Orden Ejecutiva que debería contener los detalles concretos de aquel anuncio -si será al cobre refinado; si será sólo a productos elaborados; o si habrá excepciones-, en Chile, el mayor productor mundial del metal rojo, la noticia se tomaba el debate público. Extraoficialmente, el viernes por la tarde trascendió que, al parecer, el gravamen sí incluiría al cobre refinado, según Bloomberg.
Pero contra todos los pronósticos, salvo en Codelco, las aguas están bastante más tranquilas puertas adentro en la industria minera, de lo que visto desde afuera pudiera pensarse.
Algo que el mismo Díaz deja traslucir. “Quiero hacer un llamado a la calma. Si bien estas tarifas no son una buena noticia, no tendrán un impacto dramático sobre nuestro sector, como algunos han sugerido”, comenta desde Atlanta Díaz, contactado por DF MAS.
“Esto no es una crisis. No nos gusta. Puede generar ajustes, pueden ser perjudiciales, pero no es una crisis dramática, como lo es para los propios fabricantes de Estados Unidos. Y es a eso a lo que queremos llamar la atención. Estas tarifas, a quien más afectan, es a los fabricantes que usan cobre en Estados Unidos”, agrega.
Lobby o no lobby
Mientras algunas empresas socias de la Sofofa apoyaron con especial entusiasmo -y recursos- la contratación de dos bufetes en Estados Unidos, el lobista Continental Estrategy y Steptoe -para “tener un diagnóstico de primera fuente” del escenario arancelario que se cierne sobre Chile, explica un consejero de los industriales-, en el gremio de las grandes mineras la lectura y el curso de acción han transitado por un carril distinto.
Este viernes, sin ir más lejos, se efectuó el directorio ordinario del Consejo Minero, el gremio que reúne a las grandes cupreras con actividad en el país. Y si bien el tema arancelario fue inevitable, en la instancia no se tomaron cursos de acción. Es más, ya hace tiempo que tomaron la decisión de no activar el camino de la contratación de oficinas de lobistas en Estados Unidos, bajo premisas claras. Uno, en un ejercicio de total realismo, Chile en realidad tiene escasa capacidad de incidir en las decisiones que toma Trump. Ni siquiera lo ven factible a nivel diplomático Estado-Estado, incluidas -recalcan con lamento personeros en la industria- las contraproducentes señales dadas por el gobierno de Boric de participar en la reunión de los BRICS, por ejemplo.
Segundo, y en esto son muy categóricos: esta no es una crisis para la industria. Estados Unidos es el 8% de la demanda y consumo mundial, por lo que no tiene la fuerza para mover el precio del metal por sí mismo. Para Chile, es el 10% de la producción total de cobre, unos US$ 4.500 millones. Y más allá de los montos, el escenario base es que la demanda por cobre no va a disminuir en el país del norte, salvo un corto plazo mientras se desacumulan inventarios. Pero luego tendrán que seguir comprando, en tanto su consumo ronda los 1,8 millones toneladas y produce sólo 1,1 millones.
Y tres, no todas las grandes mineras productoras están en la misma posición. Las de matrices internacionales pueden llegar al gobierno de Trump por sus propias vías. Y no todas estarían afectadas en la misma magnitud, si se verifica el peor escenario, de aranceles a los envíos de cobre.
Chats, pero no directorio
Sin duda el mayor afectado si se verifican los aranceles, sería por lejos Codelco, que envía al país del norte unas 300 mil toneladas de cátodos que, en valor, significan unos US$ 3 mil millones al año, calcula un personero cercano a la estatal. Eso, de un total país que se destina a ese mercado de unas 550 mil toneladas.
Testigos indican que en la interna de la cuprera estatal, el anuncio de Trump fue un verdadero balde de agua fría -“no nos esperábamos esto”, reconoce un actor-, pues si bien era un escenario que se manejaba desde que partió la indagatoria en la Sección 232, los escenarios base con que trabajaban en Codelco era que los futuros aranceles, o iban a aplicar a productos más elaborados, como cables o tuberías, o que las tasas al cobre iban a estar en un rango menor que el mencionado, cercano al arancel global ya anunciado (10%).
Si bien hasta ahora el anuncio no había generado la convocatoria a un directorio extraordinario en la estatal -la siguiente sesión ordinaria está planeada para el último jueves del mes, por la tarde y presencial, como todos los meses-, sí activó mucha interacción a través de chats entre miembros de la mesa directiva de la cuprera y reuniones telemáticas, que se tomaron la agenda. De ahí salieron algunas ideas fuerza. Como que Codelco se tiene que apoyar en las gestiones que a nivel gubernamental despliegue el gobierno de Chile. Que cobra especial importancia hacia adelante diversificar mucho más los mercados de destino -India es uno que se ve con mayor potencial del que ha jugado hasta ahora-. Y que habrá una “desprotección efectiva” de las industrias “aguas abajo” en Estados Unidos, las manufactureras como automotrices, electrodomésticos. Y eso podría mover la aguja para cambios en la medida gubernamental, pensando que la demanda por el metal rojo va a ser bastante inelástica y Estados Unidos no tiene cómo producir más en el corto plazo, ni incidir en el precio del cobre.
¿Y el “Fast 41”?
Un escenario bastante distinto y más promisorio es el que enfrenta Antofagasta Minerals (Amsa), ligada al grupo Luksic, cuyas ventas a Estados Unidos son bastante menores, menos del 10% de su total, lo que se traduce en no más de US$ 450 millones a US$ 500 millones al año.
Esta minera, además, se podría ver incluso favorecida en su proyecto Twin Metals, que lleva años intentando desarrollar en Minnesota, el que si bien mantiene vigente un litigio, éste versa sobre dos licencias federales, en un incordio sujeto a un tribunal de Washington. Pero como el demandante es el gobierno, judicialmente ha estado bastante desactivado por la administración actual.
No obstante que al interior de esta compañía esperan que aquel litigio concluya con una sentencia y no por abandono -de modo de dar certidumbre total a la futura situación de esas licencias-, esta cuprera privada sí tiene vigentes otras licencias, unas seis a siete estatales, con las cuales eventualmente podría avanzar en estudios para un futuro desarrollo, en orden a la obtención de permisos. “Es una de las cosas que está en evaluación. No sería el proyecto Twin Metals. Sería una parte del proyecto, una configuración distinta. Pero sería posible, hay que estudiarlo”, dicen en el entorno de la compañía.
Esto, a su vez, apoyado por la normativa federal conocida como “Fast 41”. En simple, este es un sistema gubernamental que colabora en la obtención de permisos para proyectos. Y si bien originalmente estaba enfocado en iniciativas de infraestructura, bajo la actual administración de Trump se está considerando también para impulsar otras iniciativas, como de minería y energía, en sintonía con el fomento a la producción industrial interna que tanto ansía ese gobierno. El Fast 41 permite acelerar permisos, tipo ventanilla única, y supone contar con asesor dedicado que actúa como contacto principal y solucionador de problemas durante el proceso de permisos, y un calendario coordinado de permisos, entre otras varias materias.
Algo que mira la minera, si bien los permisos podrían demorar de todas formas al menos tres a cinco años. Una carrera que de todas formas es de largo aliento.
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Azucena González
