En Chile, ser joven, mujer o anciano es una clara desventaja para acceder al mercado laboral. También para conseguir una vivienda o acceso a bienes y servicios de calidad promedio. Sin embargo, un obstáculo aún mayor es ser indígena, ahí es donde el sistema muestra sus mayores deficiencias y profundas desigualdades.
El estudio “Latinoamérica Indígena en el siglo XX” -elaborado por el Banco Mundial- recordó a Chile que elevar los estándares de vida de sus pueblos originarios es una tarea pendiente. El desafío, constata el informe, comienza con la educación. De 100 personas, 60 terminaron la enseñanza básica, 15 la media y sólo una culminó estudios superiores.
Sin embargo, el panorama es aún más desalentador. El 24,6% de la población indígena urbana completó 4° medio, logro que sólo el 6,7% de los habitantes rurales alcanzó.
El escenario para estudiar no es el óptimo y puede explicar -en parte- los negativos resultados. El 86% de los integrantes de algún pueblo originario tiene acceso a electricidad, el 80% a agua corriente y el 68% a un sistema de alcantarillado. Nuevamente las brechas entre la población urbana y rural son significativas (10 a 6), aunque menores a lo que muestran países como Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Panamá, por ejemplo.
El acceso al mercado laboral en Chile también es desigual. Mientras el 42% de las personas “no indígenas” trabaja en puestos “altamente calificados”, sólo el 29% de la población indígena accede a estos empleos. Y si el 55% del primer grupo tiene un trabajo “poco calificado”, en el caso de los pueblos originarios el número se eleva al 70%.
La realidad laboral no es muy distinta a la que exhiben los otros países de América Latina y el Caribe, donde, en naciones como Bolivia o Guatemala, las posibilidades de trabajar informalmente aumentan sólo por ser indígena. En materia de educación, Chile se ubica segundo en cobertura de enseñanza básica y cuarto en media, pero muy atrás (puesto N°10) en estudios universitarios completos para su población originaria.
Eso sí, y si sirve de consuelo, el Banco Mundial utilizó “los datos censales de la ronda previa”, es decir, de 2002. La interrogante es cuánto avanzó Chile desde esa fecha y si la realidad de sus más de 788 mil habitantes indígenas cambió o no.
El diagnóstico global del informe elaborado por el Banco Mundial es poco alentador: “La pobreza en América Latina y el Caribe afecta al 43% de los hogares indígenas de la región y el 24% de la población originaria vive en condiciones de pobreza extrema, es decir 2,7 veces más frecuentemente que la proporción de hogares no indígenas”.
La conclusión del documento es igual de lapidaria: “Existen condiciones estructurales que anclan a los pueblos indígenas a la pobreza e impiden el desarrollo de su pleno potencial económico”.
Los pueblos originarios, agrega el informe, “afrontan barreras estructurales y culturales que impiden su inclusión social y económica plena y, para eliminarlas, se requerirán esfuerzos coordinados de todos los actores, incluidos los gobiernos, la sociedad civil, los organismos de desarrollo, los medios académicos y el sector privado”.
Como recomendaciones, se sugiere, a los países de la región, “avances jurídicos y participativos que se traduzcan en desarrollo social y económico; mejorar la calidad de la educación como herramienta para lograr mayor inclusión; brindar, a los pueblos originarios, espacios para la toma de decisiones; y reformular los objetivos de desarrollo y las estrategias de recopilación de datos”.
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