El lunes 2 de junio, el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, el frenteamplista Diego Ibáñez, empezó a tramitar el proyecto que modifica el Código del Trabajo para eliminar el límite de la indemnización por años de servicio; moción parlamentaria patrocinada por diputados del Partido Comunista, liderados por Candelaria Acevedo autora de la iniciativa ingresada el 3 de marzo de este año, con la que podría fundirse otra más reciente ingresada por representantes del Frente Amplio, que va en la misma línea.
De momento, el Ejecutivo no ha dado señales de tener interés en patrocinar el proyecto, que según expertos va en el sentido contrario de lo que se usa en los países desarrollados y en lo que se esperaría para disminuir la tasa de desempleo. De hecho, no son pocos los parlamentarios oficialistas que, en privado, reconocen que no es un buen momento para empujar este tipo de iniciativas y que han percibido del Gobierno esa postura.
Tanto es así que el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, señaló a DF que “de momento, y tal como el Presidente Boric lo ha señalado, nuestra cartera tiene el foco en aprobar el proyecto de reajuste al salario mínimo, que es en lo que estamos actualmente; progresar en el proyecto de sala cuna para Chile y avanzar prontamente en el proyecto que reforma los subsidios laborales, donde particularmente se busca incentivar, por ejemplo, la participación de las personas mayores en el mercado laboral; que creemos, además, que es la forma adecuada, en materia de políticas públicas, para abordar este y otros problemas de inserción en el mercado laboral”, sin comprometerse al patrocinio.
Y añadió que “como Ejecutivo vamos a discutir todos los proyectos laborales que proponen las bancadas parlamentarias; y, presentar diversas iniciativas, es parte de las atribuciones que tienen los congresistas”.
Elisa Walker: “Aumentar más esta indemnización genera mayor presión sobre las empresas a nivel económico
En este sentido, la abogada Elisa Walker -socia de Sarmiento Walker y García Abogados- plantea que en los temas laborales se debe buscar un balance de distintos intereses; por un lado, resguardar los derechos de los trabajadores y, a la vez, la sostenibilidad económica de una empresa. Y, si bien este proyecto plantea que históricamente Chile no tuvo -antes del año 1981- tope a la indemnización por años de servicio, creo que la foto hay que sacarla según la actualidad, mirando cómo se regulan estas materias en el derecho comparado, donde uno encuentra informes de la OCDE, donde “se advierte que Chile es uno de los países con las indemnizaciones más altas por despido; entonces, poniéndolo coloquialmente, ya es caro despedir a un trabajador y, a veces, hay empresas que por necesidades financieras o económicas necesitan reducir el número de la dotación de trabajadores contratados”, esgrime.
La abogada experta en esta temática, explica que, en la actualidad, la indemnización “es un factor determinante, porque es un costo grande para la empresa”, dado que Chile tiene un límite alto en cuanto a la indemnización para los trabajadores, en comparación con otros países de la OCDE, naciones con las que los sucesivos gobiernos chilenos suelen compararse. Por lo que “aumentar más esta indemnización genera mayor presión sobre las empresas a nivel económico; y mirando a los propios trabajadores, cuando se hacen normas laborales tan estrictas, también se transforman en un incentivo a la informalidad laboral”, advierte Walker, quien añade que, además, se precariza la situación laboral de las nuevas generaciones, porque, “muchas veces, se priorizan contrataciones sobre la base de una lógica de informalidad, evitando contratos de trabajo estables que, al final del día, comprometen a la empresa, eventualmente, al pago de la indemnización”. De ahí, la importancia de que más que mirar la historia, para elaborar un proyecto se debe observar el derecho comparado.
“Y si uno hace eso, lo que ve es que los 11 años son un tope alto; o sea, la indemnización por despido injustificado es alta en Chile. Hay informes de la OCDE, desde el 2012 hasta la fecha, donde esta organización internacional incluso recomienda a Chile bajar los pagos de indemnizaciones por despido y la OCDE siempre es un buen referente económico para las iniciativas de políticas públicas que desarrolla el país”, esgrime la abogada, quien añade que la OCDE incluso recomienda que se puede “complementar”; es decir, bajar la indemnización, pero reformular los seguros de cesantía o fortalecer los programas de capacitaciones para incentivar la reinserción laboral.
La idea -agrega Walker- no es sólo despedir y que los trabajadores no tengan posibilidad de reinsertarse en el ámbito laboral. Y que lo que ocurre es que “faltan herramientas para tener una mirada más comprensiva de este fenómeno y entender que los derechos de los trabajadores tienen que balancearse también con las necesidades de la empresa de ser sostenible económicamente en el tiempo, porque eso le da estabilidad a los propios trabajadores”.
Por lo que, a juicio de Walker, este tipo de proyectos va en sentido contrario a la realidad social y económica. De hecho, plantea que “el Gobierno ha hecho importantes esfuerzos para dar estabilidad económica a nuestro país y son esfuerzos que están viendo resultados. (Pero) este proyecto de ley no conversa con los esfuerzos que impulsa el Ministerio de Hacienda para tener estabilidad económica y mayor crecimiento”.
Pedro Eguiguren: “No debiera existir la indemnización por años de servicio”
Por su parte, otro abogado experto en el ámbito laboral, Pedro Eguiguren, coincide con Walker y manifiesta su convicción de que la iniciativa en trámite y otras que podrían sumarse “serían un retroceso y un daño para la economía”, y es mucho más radical que la abogada que lo precede, en cuanto a que “no debiera existir la indemnización por años de servicio”, pues en países más desarrollados es algo superado.
Eguiguren comparte la mirada de que en la actualidad “es muy costoso bajar la cantidad de personas que trabajan en una empresa y muchas veces eso provoca que ésta termine declarándose en insolvencia, porque no tiene la plata, ni la caja, ni la consignación de fondos, para hacer frente a una baja en la productividad, o que se cayó un cliente y que tienen que bajar el personal a la mitad”, esgrime.
Aunque admite que el terminar con la indemnización por años podría prestarse para abusos, plantea que es necesario hacer algo intermedio, como el que “los seguros en general y el seguro de cesantía, en particular, sea mucho mejor de lo que es hoy en día”, porque en la actualidad “el seguro de cesantía paga una miseria”. Por lo tanto, aclara Eguiguren, “no soy partidario de que esto le salga gratis al empleador, sino resguardar al trabajador frente a un eventual abuso por parte del empleador; pero, al mismo tiempo, darle flexibilidad al empleador para bajar la cantidad de personas que tiene contratadas”.
Y añadió que, si bien la indemnización por años de servicio “es un beneficio para el trabajador, también es un daño para la economía; y, por lo tanto, terminará siendo un daño para la fuerza laboral en Chile”. Considerando, argumenta, que el 70% o más de la fuerza laboral está en las pymes.
Francisca Montenegro: “Hay que mirar con perspectiva la posibilidad real de que esto avance”
La abogada Francisca Montero comparte los argumentos de Eguiguren, puesto que -a su juicio- eliminar el tope de los 11 años para la indemnización termina siendo una preocupación para todo el ámbito laboral, ya que aunque pagar cada año efectivamente trabajado podría ser menos complejo, desde el punto de vista económico para las grandes empresas, estas “tampoco estarían de acuerdo, en principio, con eliminar el tope de los 11 años”.
La profesional explica que, “en general, los empleadores han sido bien renuentes a este cambio, porque el gasto y la provisión que debe hacerse por cada trabajador es mucho más alto y el desembolso por cada despido es mucho más alto. Si eso lo combinamos con que en Chile no existe una causal de libre despido, implica que cuando se invoca la causal de necesidad de la empresa, que es la usual”, se encarece el despido, señala, advirtiendo que si, además, “el trabajador demanda, la probabilidad de que gane un despido injustificado, y sobre eso se recargue el 30%, es bastante alta en la jurisprudencia actual”.
Montenegro coincide en que a nivel de mercado y del estado actual de la economía, de ser aprobado un proyecto como el que se analiza puede resultar, efectivamente, “un poco más complejo para las empresas más pequeñas. Pero para restarle incertidumbre al tema, recuerda que hay cuatro proyectos anteriores, en el mismo sentido o con pequeñas modificaciones, que no han pasado del primer trámite constitucional. Por lo tanto, aconseja “mirar con perspectiva la posibilidad real de que esto avance”.
No obstante, admite que, en el contexto económico, “siempre va a ser complejo, independientemente de la situación económica del país, aumentar o eliminar un tope que la industria ya se había acostumbrado a manejar, en términos de provisiones o de resguardo, para efectos de poder pagar las indemnizaciones a sus trabajadores”.
Romina Urzúa: "A través de esta normativa se intenta mejorar el periodo de cesantía real"
Para la abogada Romina Urzúa -socia de Rossel Fuentes Urzúa Abogados- la eliminación del tope de 11 años de indemnización puede tener un impacto importante dentro de una empresa. Y agrega que este tema ha sido muy discutido debido no sólo a su impacto económico, sino también debido a que “en nuestro país el sistema del seguro de cesantía no es ideal”. Ello porque, detalla, la tasa de recambio, cuando una persona queda sin trabajo, cesante, es muy baja. Lo que implica que con la cotización en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) la cantidad de meses que logra suplir su sueldo es inferior al tiempo que le toma encontrar un nuevo empleo.
Por lo que interpreta que “a través de esta normativa se intenta mejorar el periodo de cesantía real de un trabajador”, por lo que -a juicio de Urzúa- la discusión es cómo hacerlo, "si a través de una mejora sustancial al seguro de cesantía o le tiro la responsabilidad directa al empleador y que pague todos los años de servicio. Y, así, si el trabajador se demora un año en encontrar trabajo, en ese año pueda tener una remuneración sustitutiva por ese período”.
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