Hace unos días y en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, el presidente Gabriel Boric anunció un proyecto para permitir el levantamiento del secreto bancario para facilitar las investigaciones que involucren situaciones de evasión y elusión.
A ello se suma otro dato que ha generado debate y es que, este miércoles, el ministro de Hacienda Mario Marcel, aseguró que justamente la evasión y elusión corporativa superan el 50% en nuestro país.
El levantamiento del secreto bancario siempre ha generado resquemores en algunos sectores o definitivamente rechazo; y esta posibilidad ha estado sobre la mesa desde hace mucho tiempo, pero no parece tener futuro en el Congreso, ya que la oposición no estaría disponible para avanzar en esta medida.
Pero no sólo desde el mundo político observan la medida con suspicacia, entre los expertos también están los que no la respaldan.
Si bien entre ellos están los que reconocen que la medida podría contribuir a detectar evasión, elusión y lavado de activos, también creen que implica riesgos importantes para la economía. Tal es el caso del abogado tributario de Moraga y Cía, Álvaro Moraga, quien señaló que el del Gobierno “es un planteamiento populista e irresponsable”.
“Populista, porque el levantamiento del secreto bancario existe previa orden de los tribunales de justicia e irresponsable en momentos donde la indefinición constitucional genera un alto grado de incertidumbre para los inversionistas”, se explayó.
Desde el punto de vista de Moraga este tipo de anuncios “de megáfono” en la voz del propio Presidente Boric, sin ningún estudio ni proyecto previo que se pueda conocer en detalle, sólo “consigue profundizar la incertidumbre, ahuyentar la inversión, y con ello mantener paralizada nuestra economía”.
Información reservada de los contribuyentes
Una posición compartida por el director de Litigios y Controversias en Cabello Abogados Tributarios, Michel Aguilera, quien refrenda el argumento que ya han dado algunos políticos de oposición,en cuanto a que en la legislación tributaria chilena ya se contempla un procedimiento para levantar el secreto bancario, que permite al Servicio de Impuestos Internos (SII) requerir información directamente a los bancos. Si estos últimos no acceden, explica, el SII puede recurrir al Tribunal Tributario y Aduanero competente.
De ahí que el experto pronostique que “probablemente el proyecto de ley anunciado por el Gobierno buscará establecer un mecanismo, mediante el cual la autoridad administrativa pueda acceder a la información, sin necesidad de una autorización judicial previa”.
Y, reflexiona, que si bien teóricamente una medida de este tipo podría agilizar las investigaciones o fiscalizaciones del SII; también “implicaría una transgresión clara al derecho a la protección a la vida privada que se encuentra consagrado constitucionalmente, según lo dispuesto en el artículo 19 N°4 y N°5 de la Constitución Política de la República”.
Aguilera advierte además que "la medida significaría entregar a la autoridad administrativa una gran cantidad de información reservada de las actividades económicas de los contribuyentes, cuya revelación para otros fines podría implicar riesgos importantes para el funcionamiento del mercado”.
Fuga de capitales
Quien también analizó el anuncio del mandatario, es el director ejecutivo de AK Contadores, experto tributario Patricio Gana, sumándose a la posición crítica de sus predecesores –con aspectos positivos, pero más negativos-, señalando que la medida permitiría tener más datos para la detección de la evasión, elusión y sobre todo el lavado de activos.
Gana estima que sería “una buena herramienta para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”; aunque tambén ve desventajas, “especialmente ahora que se han conocido irregularidades y el eventual pago de coimas en el SII y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)”.
Y agregó: “si esta información se filtra puede lesionar gravemente los intereses de los contribuyentes”.
Según el experto, los problemas que podría generar esta medida van desde conflictos familiares hasta un impacto en el mercado. “En el mundo de los negocios, de filtrarse dicha información, podría generar problemas en las negociaciones entre contribuyentes, conflictos legales, así como eventuales e injustificadas persecuciones políticas hacia ciertas personas”, detalló al tiempo que advirtió que otro efecto podría ser “una nueva fuga de capitales, aunque mucho más acotada de la que vivimos en el período previo al Plebiscito del proyecto de Constitución 2022”.
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