Las cartas están sobre la mesa en el marco de las frenéticas negociaciones para lograr un amplio consenso para aprobar la ley miscelánea del gobierno en su discusión en general de este miércoles en el Senado.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, transmitió este lunes la disposición del Ejecutivo de realizar modificaciones de fondo a dos de sus propuestas emblemáticas: la invariabilidad tributaria y el crédito fiscal para la protección del empleo.
En cuanto a la primera propuesta, dijo en un seminario de Tax Foundation que estaba disponible a acotar a 20 años la duración de la invariabilidad, junto con sumar el pago de una prima de 1,5% para firmar el contrato ley, pero a cambio de bajar el impuesto de Primera Categoría ya no de 27% a 23%, sino que a un 22%.
Mientras que en el caso del crédito al empleo, Hacienda analiza acotarlo para grupos y sectores más golpeados por la situación del mercado laboral, lo que llevaría a acotar su cobertura y -en consecuencia- perder la rebaja de tres puntos porcentuales adicionales de la tasa corporativa gracias a ese mecanismo. Por lo mismo Quiroz ha planteado en las negociaciones con las distintas bancadas compensaciones para potenciar el incentivo al crecimiento y la inversión que implica un ajuste de la tasa de Primera Categoría.
Datos recogidos por el Colegio de Contadores dan cuenta de cómo quedaría Chile en el concierto de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) con una tasa de 22%, así como con la integración de su sistema impositivo como propone el Ejecutivo.
Así, en caso de acogerse el planteamiento de Quiroz, Chile se ubicaría más abajo todavía del promedio de la tasa obligatoria de tributación a las utilidades de la empresa, que en el caso de la OCDE se ubica en 24,1%.
De bajar a un 22%, Chile se sumaría a un grupo de países con dicho guarismo integrado por naciones como Dinamarca, Estonia, Noruega, Eslovenia y Grecia, consolidándose en la parte baja del conteo que es encabezado por Francia (tasa de 36%) y en el otro extremo por Hungría con un 9%.
Ahora, dada la reintegración del sistema tributario, la tasa combinada para un inversionista -impuesto corporativo más gravamen al retiro de dividendos- se ubicaría en un máximo de 40%, desde el hasta 44,45% hoy vigente para los chilenos, ya que para los extranjeros nacionales de un país con convenio que impide la doble tributación con nuestro país dicho guarismo es de hasta un 35%.
Aquí, nuevamente Chile estaría por debajo del promedio de la OCDE, situado en 42,84% según los registros analizados por el Colegio de Contadores. La tasa combinada de 40% es idéntica a la de Turquía y se acerca por lo bajo al 39,9% de Luxemburgo, el 39,2% de República Checa y el 39% de Nueva Zelanda. La tasa combinada más baja del conteo la tiene Estonia con un 20%, mientras que en el otro extremo la más alta se encuentra en Corea del Sur (59,12%).
Tasas más competitivas
El presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, plantea que en caso de prosperar las modificaciones, Chile pasaría de estar entre los diez países con las tasas corporativas menos competitivas a la OCDE, a quedar en el "selecto grupo" de los 15 países más competitivos y bajo el promedio de la OCDE de 24,1%.
"La reducción de la tasa corporativa al 22% constituye una señal relevante en términos de competitividad fiscal, que se potencia con otros ejes como las mejoras al entorno regulatorio y de permisos, especialmente en un contexto en que la atracción de inversión y la recuperación de tasas de crecimiento requieren marcos tributarios más eficientes", expone el especialista.
Sin embargo, agrega, su evaluación debe ser integral, considerando la carga tributaria total sobre la renta, incluyendo la tributación a nivel de dividendos, donde la integración del sistema sigue siendo un "elemento crítico" para evitar sobrecargas efectivas, sobre todo a inversionistas nacionales y extranjeros sin tratado de doble tributación.
"La introducción de una prima de 1,5 puntos porcentuales por invariabilidad puede interpretarse como un mecanismo de pago por certeza y estabilidad, lo que resulta económicamente razonable si logra reducir la percepción de riesgo y facilita decisiones de inversión de largo plazo. No obstante, su diseño debe resguardar la neutralidad del sistema, evitando generar segmentaciones o tratamientos desiguales entre contribuyentes, siendo favorable la propuesta actual que lo extiende tanto a inversionistas extranjeros como nacionales", complementa.
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