La votación avanzaba inexorablemente al rechazo del reajuste salarial de 3,2% para los trabajadores del sector público. También para el bono diferenciado y la línea de corte de los sueldos que no sufrirían variaciones. Uno a uno, los diputados de la Nueva Mayoría y de Chile Vamos manifestaban su intención de mantener su oposición a los artículos más polémicos del proyecto. Así, la constitución de una comisión mixta para resolver el conflicto era un hecho.
No había diálogo y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, así lo refrendaba. En su última intervención en la sala, aseguró que votar en contra de la propuesta “no servía de mucho, a lo más para gatillar una mixta”, instancia donde, a juicio del economista, los legisladores “tendrían que elegir entre un texto aprobado por el Senado, con reajuste, bonos y línea de corte; y uno respaldado por la Cámara, sin reajuste ni bonos”. La lectura era clara: el incremento salarial se quedaba en 3,2% y no se iba a incrementar, porque era lo que el Ejecutivo “podía ofrecer, dadas las restricciones”, según explicó el jefe del equipo económico del gobierno.
“Eso es un chantaje”, gritó desde la tribuna el vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Nolberto Díaz, apreciación compartida por legisladores del oficialismo.
Eso no importaba. Valdés mantenía su postura inalterable y de paso recriminaba a su coalición, especialmente a la colectividad donde milita. “A las bancadas de mi gobierno les digo que gobernar tiene costos y beneficios”, afirmó resignado. Y agregó: “Lamento que el PPD, mi partido, no me acompañe hoy día”. El ministro parecía sentirse solo.
Pero no sólo eso, también estaba clara y profundamente molesto. “He dicho en reuniones bilaterales con varios diputados, que si no es obligatorio ir a la mixta, no voy a ir. Posiblemente sea obligación, pero si no me citan, no voy a ir”, advirtió, en circunstancias que su cartera es la encargada del reajuste salarial para los trabajadores públicos.
La situación era compleja y todo indicaba que el gobierno sufriría una nueva derrota en el Parlamento. Pero el presidente de la Cámara, el diputado socialista Osvaldo Andrade, convenientemente se apegó al reglamento de la corporación y postergó la votación para el próximo miércoles, argumentando que la sesión estaba agendada hasta las 12.30 horas y aún quedaba un grupo de legisladores por intervenir. Los funcionarios públicos en las tribunas y varios parlamentarios oficialistas exigieron votar, pero sonó la campana y terminó la deliberación.
“Hay que construir una salida”, solicitó el jefe de la bancada de diputados de la DC, Fuad Chahín, quien propuso “bajar el piso de congelamiento de salarios de $ 4,8 millones a $ 4 millones”, para utilizar esa diferencia que no sería reajustada en las rentas más bajas, mejorando los bonos, actualmente de $ 100.000 para los salarios inferiores a $ 550.000 y de $ 73.500 para rentas igual o inferiores a $ 710.000.
“Hay espacio fiscal si el gobierno hace el esfuerzo”, expuso el diputado comunista, Daniel Núñez, quien pidió al Ejecutivo “retomar el diálogo, no sólo con la Cámara, sino que con los trabajadores”. “El llamado al ministro es a conversar”, concordó el jefe de los diputados del PPD, Ramón Farías.
“No es el momento para ‘taimarse’, porque él está obligado a asistir al tercer trámite y la mixta”, señaló Juan Luis Castro, jefe de la bancada socialista.
Así, La Moneda tendrá hasta el próximo miércoles para intentar “ordenar las filas” y elaborar una nueva propuesta, aunque Valdés dejó en claro que el espacio para eso es prácticamente nulo.
Proyecto de pensiones a sala
En condiciones de ser visto por la Sala de la Cámara de Diputados quedó ayer el proyecto que realiza un reajuste extraordinario de un 10% a las pensiones básicas solidarias, luego que la Comisión de Hacienda diera su aprobación al texto legal, en los mismos términos que lo propuesto por el Ejecutivo.
La reforma previsional de 2008 otorgó dos tipos de beneficios: la Pensión Básica Solidaria, hoy de $ 93.543; y el Aporte Previsional Solidario (APS), que llega a $ 304.062.
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