En dos frentes despliega el gobierno sus esfuerzos para aprobar el reajuste de los trabajadores del sector público y terminar con el paro nacional que comenzó el miércoles 26 de octubre y que ha provocado la cancelación de miles de atenciones médicas, la postergación de trámites y la acumulación de toneladas de basura en las calles.
Y en ninguno de los dos el resultado es positivo o al menos esperanzador. Todo lo contrario. Con los trabajadores están las conversaciones abiertas, pero con posturas lejos de encontrarse (ver nota relacionada). El gobierno mantiene inalterable su postura, según lo reafirmó el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz. “Vamos a hacer todos los esfuerzos que sean posibles y que estén dentro del marco de responsabilidad fiscal, de acuerdo a las condiciones económicas del país. El 3,2% nos parece que es la cifra de reajuste que corresponde”, dijo tras el comité político de ayer.
Los presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría respaldaron casi transversalmente al Ejecutivo. “El guarismo de 3,2% está resuelto. No es posible un cambio”, señaló el representante del PPD, Gonzalo Navarrete. La senadora y presidenta de la DC, Carolina Goic, complementó: “Entendemos que el 3,2% es lo que es posible entregar”. A ella se sumó su símil del Partido Socialista, Isabel Allende, quien pidió al gobierno “el máximo esfuerzo que se pueda hacer, entendiendo que no se toca el guarismo de 3,2%”.
Así, la negociación con los trabajadores, que tiene tres nudos críticos, se redujo con resignación a dos: incrementar los bonos de término de negociación y comprometer un “seguro por IPC”.
“En bonos, el gobierno va a tener que reasignar recursos. La disyuntiva es fácil, porque si no hay recursos frescos, tengo que dejar de hacer otras cosas”, expuso el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD).
El problema es que el bono ofrecido por el gobierno está lejos de lo que demanda la Mesa del Sector Público. Los trabajadores piden una bonificación por término de conflicto de $ 150.000 para los sueldos iguales o inferiores a los $ 770.000 y de $ 75.000 para las rentas líquidas no superiores a los $ 2.345.000; cifras muy inferiores a la última propuesta del Ejecutivo, que considera bonos de $ 104.000 para remuneraciones que no superen los $ 550.000 y de $ 35.450 para el segundo tramo, lo que beneficiaría a 947.000 personas. Además, el “seguro por IPC” que plantea La Moneda, de 2,67%, más el IPC de noviembre y un 0,2% adicional, no cumple con las expectativas de la mesa.
El gobierno convocó ayer a un nuevo comité extraordinario -y esta vez ampliado- en La Moneda, con los ministros políticos, los presidentes de partido de la NM y los jefes de bancadas de senadores y diputados.
Los presidentes de las colectividades se fueron del palacio de gobierno con una tarea: convencer a sus parlamentarios para asegurar la aprobación de cualquier proyecto que enviara el Ejecutivo y evitar un nuevo fracaso en el parlamento.
Así, se desarrollaron reuniones de bancadas de los partidos, conversaciones informales, llamadas desde el Ministerio del Interior a algunos parlamentarios, reuniones bilaterales y el almuerzo del ministro Rodrigo Valdés con los legisladores de las comisiones de Hacienda. ¿El resultado? La Moneda seguía sin sumar los respaldos necesarios para aprobar el 3,2% de reajuste.
“Algunos no estamos disponibles a dialogar, si la plata es la misma. Se impone el orgullo de no tocar el 3,2%. Con qué justificación alguien que votó en contra hace una semana votará a favor ahora”, cuestionó el diputado DC, Pablo Lorenzini. Otro legislador de la misma colectividad graficaba así una lectura compartida en el oficialismo: “Yo voté a favor. Por qué tendría que respaldar nuevamente al gobierno, asumiendo el costo político de aprobar algo que no me parece, para que los mismos que rechazaron mantengan su voto”. Así, una conclusión plausible de la jornada era que el gobierno no sólo no tenía los votos, sino que había más resistencia y menos respaldo. Por eso, según comentaron dirigentes del oficialismo, se suspendió la reunión extraordinaria en La Moneda. “No había agua en la piscina”, aseguró uno de ellos.
Hoy el gobierno tendrá que volver a tratar de convencer a los diputados de respaldar a su gobierno, con la misma cifra de reajuste y bonos que, a juicio de varios presidentes de partido, se mueven en el margen.
Trabajadores mantienen paro nacional y critican ausencia de Bachelet
Los trabajadores agrupados en la Mesa del Sector Público esperarán hasta hoy para resolver la continuidad del paro nacional que mantienen desde la última semana de octubre. El coordinador de la mesa, Carlos Insunza, fue claro y sostuvo que "el gobierno no ha realizado propuestas que acerquen posiciones". Las diferencias se mantienen en el guarismo, donde los funcionarios piden un 4%, aunque podrían aceptar hasta un 3,5%; los bonos de término de negociación y el "seguro por IPC".
El presidente de la Confusam criticó la ausencia de la presidenta Michelle Bachelet, quien viajó a Marruecos a la cumbre del cambio climático, acompañada de sus ministros de Relaciones Exteriores y Medioambiente.
"La Presidenta tiene una grave crisis interna que exige su presencia en el país, pudiendo perfectamente bien delegar en alguno de sus ministros de Estado la responsabilidad de estar en la cumbre climática. Me parece sumamente irresponsable que la Presidenta no esté", expuso el dirigente.
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, reiteró que mientras el Ejecutivo mantenga la cifra de reajuste en 3,2% se mantendrá la paralización nacional. "Es claro y contundente el mensaje de los presidentes de la mesa: tiene que haber no sólo movimiento en bonos, sino que también la cifra de reajustes. Hemos quedado con línea abierta", señaló la dirigente.
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