El informe de la Contraloría que reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos habrían incumplido el periodo de reposo indicado en su licencia médica para viajar fuera del país ha generado un gran rechazo tanto desde la opinión pública como desde el Gobierno.
“Cualquier uso fraudulento de licencias médicas o de que algún funcionario o funcionaria pública cumpla con faltas a la probidad es absolutamente condenable”, declaró este jueves a la salida de una reunión en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo.
“Como Gobierno ya hemos instruido en un plazo de 72 horas que en todos los servicios donde se encuentren este tipo de situaciones que ha dado a conocer la Contraloría General de la República, se instruyan los sumarios administrativos y que se cumpla con todo el rigor de lo que hoy día el Estatuto Administrativo establece en caso de que se constaten las faltas señaladas”, sumó Boccardo.
Y advirtió que serán “muy rigurosos y muy estrictos con los sumarios que se están llevando adelante”.
El titular explicó que el Estatuto Administrativo contempla distintas sanciones que van desde multas hasta destituciones.
“Eso lo tiene que evaluar cada uno de los sumarios, porque cada situación hay que evaluarla en su mérito”, planteó el secretario de Estado.
Por su parte, repudió que “no es posible y no es aceptable que por un incumplimiento de un grupo considerable de funcionarios y funcionarias públicas se ponga en juego un sistema y herramientas tan necesarias para la seguridad social como son las licencias”.
En el caso del Mintrab, en el Instituto de Previsión Social (IPS), existen alrededor de 437 casos. “Ya estamos instruyendo los sumarios respectivos y esperamos prontamente, ya teniendo resultados, también darán a conocer a la opinión pública las sanciones y las medidas que se van a tomar a partir de los resultados que esos sumarios establezcan”, dijo Boccardo sobre el caso de su cartera.
También se refirió al tema durante la instancia la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
“Que haya personas que estén abusando de esto y haciendo que otros paguen por darse estos beneficios de viajar, como es lo que se constata en este minuto, la verdad es que consideramos que es de la máxima gravedad que requiere una fiscalización muy fuerte y obviamente sanciones ejemplares para quienes hayan hecho mal uso de estas licencias”, mencionó la líder gremial.
Pese a que no lo han abordado especificamente, Jimenez aseguró que en la CPC están trabajando dentro de su iniciativa de Motores para el Crecimiento Sostenible de Chile un capítulo de modernización del Estado, “que tiene que ver también justamente con que tengas muchos registros en línea a la vista, que puedas tener instituciones que funcionen, que presten los servicios de forma eficiente”.
Sala cuna
El objetivo de la reunión entre Boccardo y la CPC era discutir el proyecto de sala cuna. De la instancia participaron también la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y representantes del mundo pyme.
“Es muy necesario, sin lugar a dudas, porque la legislación vigente es perjudicial para la contratación de mujeres”, declaró Jiménez sobre el proyecto.
“La modificación, no me cabe duda, que apunta en la dirección o tiene una intencionalidad que es muy positiva, que es justamente no perder todo ese potencial que hay y talento y conocimiento que hay en las mujeres que hoy día se ven restringidas”, agregó.
“Creemos que es un tema que hay que abordar, que hay que tramitar, pero evidentemente tenemos la preocupación de que esto sea un costo mayor, particularmente para empresas de menor tamaño, donde se van a ver, de acuerdo a la indicación así como está hoy, obligadas a aumentar la cotización que se viene a sumar al recientemente aprobado reforma de pensiones, que son también siete puntos más de cotización en un período de tiempo bastante acotado”, postuló la economista.
“Estas políticas no pueden mirarse de espalda a la realidad de los mercados laborales y por lo tanto creemos que la tramitación todavía va a requerir algunos ajustes en esta materia”, zanjó.
Justamente, respecto a esto Orellana reconoció que ese es uno de los puntos que está en debate. “Desde la perspectiva del Ejecutivo, actualmente el costo que se paga por mantener la normativa no solamente es mayor en las empresas de mayor tamaño, sino que también es un costo que estamos pagando como país en productividad y crecimiento”, expresó.
Por otro lado, la ministra planteó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalaron hace un par de semanas en su último informe que cada punto que se reduce la informalidad femenina, en que reducimos la desocupación femenina, permite apuntalar al menos un 0,5 extra de Producto Interno Bruto (PIB). “Y eso muestra que este es un debate con grandes posibilidades para la productividad y el crecimiento”, afirmó.
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