Una polémica que no para. Este viernes, la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer que otros 10.805 funcionarios públicos que se desempeñan en servicios estatales con presencia regional salieron fuera del país durante su licencia médica o en parte de ella. Un grupo que se suma a los más de 25 mil que se informó en mayo pasado.
Según el nuevo Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°16, esto podría implicar el uso irregular de 15.257 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, de las cuales el 76% corresponde a Fonasa y un 24% a Isapes.
"Este reporte había sido comprometido por la contralora general, Dorothy Pérez, en junio de este año ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En él, se agrega que los titulares de esas 15.257 licencias, habrían entrado o salido del país en 26.606 oportunidades", comunicó Contraloría.
De los 10.085 funcionarios de esta vez, un grupo de 67 personas registran entre 16 y 30 entradas y/o salida del país, mientras que 30 tienen más de 30. Tanto en 2023 como en 2024, los viajes al extranjero se concentraron principalmente en el último trimestre, es decir entre octubre y diciembre.
¿De dónde son?
Con relación a los servicios donde se desempeñan los funcionarios involucrados, estos pertenecen a 442 entidades públicas de regiones.
De ellas, el 67% corresponde a servicios de salud y hospitales, un 15% a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades, corporaciones y direcciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales, y un 3% a otro tipo de servicios.
Se destacan el Servicio de Salud Magallanes (1.258 licencias), SLEP Chinchorro (1.065 licencias), Servicio de Salud del Reloncaví (780 licencias), Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (692 licencias), Dirección Servicio de Salud Aysén (553 licencias), y Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta (517 licencias).
Tras la presentación de este reporte, desde la Contraloría señalaron que se notificará a las instituciones involucradas para que se inicien los procedimientos disciplinarios de rigor, y remitan las respectivas resoluciones a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) de la CGR, en un plazo de cinco días hábiles.
Además, la información, será remitida a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que se ejerzan las acciones que correspondan.
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Carolina León
