Hace más de una semana, el Gobierno presentó una agenda con nueve ejes y 46 medidas para que la productividad del país deje atrás las caídas de los últimos años. De dicha lista, dos dimensiones -y un total de 13 acciones- son de carácter laboral y, por ende, es el Ministerio del Trabajo el encargado de materializar las propuestas.
Se trata de temas cuya importancia se identificó en el marco del diálogo que la cartera mantuvo con distintos actores por la reducción de la jornada a 40 horas, la reforma previsional y la negociación de salario mínimo, según explica ministro (s) del ramo, Giorgio Boccardo.
“Cuando abres la discusión, por ejemplo sobre el salario mínimo, salen muchos otros temas, y eso nos permitió ir construyendo las líneas y las bases que hoy permiten que el 2023 empecemos a desplegar, visibilizar y llevar adelante de manera mucho más explícita una agenda que busca reducir la informalidad y avanzar en mejor capacitación y reconversión laboral”, cuenta.
Sobre informalidad, una de las propuestas es impulsar el rediseño del subsidio al empleo joven (SEJ) y bono trabajo mujer (BTM), dos instrumentos que, dice Boccardo, requieren de una actualización.
Ambos instrumentos, que entregan un aporte monetario que busca aumentar los ingresos de los trabajadores, dice Boccardo, fueron diseñados para un momento histórico determinado, y a la fecha se estima que han dejado de cumplir su propósito en términos de monto, cobertura, diversidad y eficacia.
Para mejorar su impacto, la cartera evalúa conjugar elementos que permitan estimular la participación laboral, lo que implica dar recursos al trabajador -que es lo que hoy hacen ambos instrumentos-, e introducir un aporte a los empleadores, algo que no ocurre hoy. “Se tienen que combinar esos dos elementos, fomentar la participación y la contratación, y eso implica dar recursos al trabajador y una proporción de recursos al empleador”, dice la autoridad.
Evaluar la incorporación de criterios de gradualidad en el retiro de beneficios sociales es otro aspecto clave. Aquí, explica Boccardo, lo que se busca es que la incorporación al mercado laboral y, por ende, la mejoría de los ingresos, no signifique una pérdida abrupta de apoyos monetarios del Estado.
“Actualmente el tema es como blanco y negro: si mejoran los ingresos, se pierden los beneficios; y eso es un incentivo a la informalidad”, afirma y agrega que se está trabajando con el Ministerior de Desarrollo Social en el diseño de la propuesta concreta.
Cambios a Sence y ChileValora
La agenda también contempla varios temas relacionados con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), como por ejemplo identificar brechas en el alcance y la oferta programática de la entidad para acercarla a las empresas de menor tamaño, además de hacer cambios a su Franquicia Tributaria y estructura.
Sobre esto, Boccardo precisa que parte importante de este trabajo ya está en marcha. De hecho, precisa que durante la negociación de la reducción de jornada se acordó modificar el valor de la hora de capacitación para que las MiPyme puedan acceder a las capacitaciones.
“El Sence ya está avanzando en la creación de la unidad de Mipymes, también estamos trabajando junto a las organizaciones de pequeñas empresas una modificación a la franquicia tributaria, para que puedan acceder a ella y capacitarse, algo que no ocurre hoy”, dice.
Modernizar y robustecer el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora) es otro eje. Aquí el foco es fortalecer a la entidad dándole mayores herramientas para elaborar una oferta programática de certificaciones más ajustada a los requerimientos de los sectores productivos. De la mano con esto, también se impulsará una mejora a la red de organismos certificadores.
El popular dicho “Santiago no es Chile” caló hondo en el ministerio. Así, durante marzo la cartera lanzará la “Política Nacional de Capacitación” -otro foco de la agenda de productividad-, la cual contempla la creación de un consejo nacional y uno por región para que cada zona identifique sus brechas y problemáticas en este tema.
Boccardo precisa que algunos aspectos, como los cambios subsidios y algunas transformaciones a Sence, requerirán proyectos de ley que se presentarán dentro de este año. Otros, que dicen relación con reducción de burocracia y más diálogo entre las instituciones, se impulsarán a través de cambios administrativos.
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