La actualización de las proyecciones fiscales para el año 2014 reveló que este año el déficit fiscal efectivo subirá desde 0,9% del PIB estimado en el Presupuesto a un rango entre 1,7% y 2% del PIB dependiendo de si se aprueba o no la reforma tributaria. Esta estimación considera la reforma inicial, antes del protocolo, porque aún no sabemos cuánto se va a recaudar exactamente después de este acuerdo.
El déficit fiscal es elevado desde una perspectiva histórica y solo es comparable con el registrado en 1999, sin ser este un año de recesión como lo fue aquél. Las cuentas fiscales están ajustadas y enfrentarán desafíos importantes en los próximos años, los que pondrán a prueba el compromiso del gobierno con la responsabilidad fiscal, un desafío no menor en un contexto de una alta y persistente presión por mayor participación del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos.
El déficit fiscal de este año puede ser aún mayor que lo proyectado y las perspectivas para el año 2015 no son muy auspiciosas. En efecto, el Ejecutivo proyecta un crecimiento del PIB de 3,2%, cifra que es superior a la estimación de consenso de mercado. De concretarse una expansión menor de la economía, los ingresos efectivos también serán menores y, con ello, el déficit fiscal superará la estimación del gobierno. Lo mismo ocurriría por ejemplo, si la recaudación de la reforma tributaria es menor que la considerada en el proyecto original, en cuyo caso tampoco será posible cumplir la meta de déficit estructural de 1% del PIB establecida en el Presupuesto, según consta en el informe publicado por la Dipres, lo que ocurriría por primera vez desde el año 2009. En efecto, el citado informe señala que sin los recursos de la reforma tributaria, el déficit estructural llegaría a 1,3% del PIB.
Mirando hacia los próximos años, la convergencia hacia el balance estructural enfrenta un desafío adicional, que es el ajuste que tendrán, en el escenario más probable, los parámetros de largo plazo que determinan el Presupuesto, el PIB tendencial y el precio de referencia del cobre.
En los últimos cuatro años se hizo un importante esfuerzo para retomar la senda de sostenibilidad fiscal, reduciendo el déficit fiscal desde 4,4% a 0,6% del PIB en términos efectivos y desde 3,1% a 0,5% del PIB en términos estructurales. A su vez, en este lapso, los activos consolidados del Tesoro Público recuperaron y sobrepasaron el nivel alcanzado previo a la crisis de 2009. Lo anterior fue posible a pesar de un contexto de menores ingresos derivados del cobre y se explicó, en parte importante, por un esfuerzo de austeridad y responsabilidad fiscal. Para ello fue fundamental el convencimiento de las autoridades de que la mantención de un déficit fiscal acotado y un crecimiento moderado del gasto público es positivo para la economía, porque permite acceder a menores tasas de interés internacionales, reduce las presiones de demanda, contribuyendo a la mantención de menores tasas de interés internas y apoya la competitividad de la economía por su efecto en el tipo de cambio real. Es urgente retomar la senda hacia el equilibrio fiscal.
El gobierno actual comparte esta premisa y así lo ha planteado desde su programa de gobierno, en el cual se comprometió a converger a un balance estructural el año 2018. Ahora, la convergencia ha sido condicionada a los ingresos de la reforma tributaria, sin embargo es importante recalcar que esta ecuación tiene dos componentes y no se resuelve sólo con mayores ingresos, sino que hay una alternativa válida y deseable para cumplir el objetivo que siempre se debe tener en cuenta: la contención de las presiones de gasto y la austeridad fiscal.