El deterioro de las finanzas públicas ha sido el gran tema de discusión en los últimos días, luego de que el Fisco incumpliera la meta de déficit para este año, lo que ha aumentado la presión sobre la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, y llevado al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a ampliar el recorte preventivo de gasto desde los US$ 600 millones originales a US$ 700 millones para este año. Esto último no convence a los economistas, quienes piden más ajustes para lograr las metas presupuestarias del actual ejercicio.
A partir del 10 de enero, Hacienda y la Dipres comenzaron a despachar decretos a una serie de organismos públicos informándoles de ajustes en sus presupuestos, como parte del recorte preventivo inicial por US$ 600 millones acordado en la discusión legislativa del Presupuesto 2025.
Del total, hubo tres áreas (o subtítulos, como se le conoce en la jerga presupuestaria) que concentrarán las bajas: subtítulo 33 sobre transferencias de capital, el subtítulo 21 de gastos en personal, y la partida del Tesoro Público.
Así, el gasto en transferencias de capital se reducirá en más $ 145.000 millones, un 5% de rebaja. En personal, en tanto, la baja será de $ 142.000 millones, un 2% de recorte, mientras que en el Tesoro Público los menores recursos superarán los $ 138.000 millones.
Luego más atrás viene el subtítulo 22, que norma los gastos en bienes y servicios de consumo, con más de $ 96.000 millones menos, un 5% de ajuste, y luego el subtítulo 29 para adquisición de activos no financieros, que se reducirán en $ 19.000 millones, también con un 5% de ajuste.
De todas maneras, tal como se acordó en el Congreso, hay una serie de partidas de gasto que no serán objeto del recorte, como por ejemplo los servicios de salud, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, el sistema escolar, las concesiones de obras públicas y subsidios de vivienda.
El centro de pensamiento Horizontal revisó los decretos y partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, desagregándolos por partida, capítulo, programa, subtítulo, ítem y asignación.
¿La conclusión? Hay tres partidas presupuestarias que concentran los mayores recortes: Interior y Seguridad Pública, con más de $ 62.000 millones; Defensa, con $ 26.630 millones de ajuste; y Educación, con una reducción de su erario por $ 41.802 millones.
Dichas reparticiones contribuyen con un 15,5%, 14,5% y 10,3% al recorte total del presupuesto fiscal.
El top diez lo cierran también las carteras de Agricultura, Desarrollo Social, Salud, Obras Públicas, Justicia, el Poder Judicial y Trabajo y Previsión Social.
El análisis del centro de pensamiento ligado a Evópoli y elaborado por Juan José Obach y Alfonso España, también entrega luces respecto de los programas estatales que más aportan para el recorte total.
Así, luego de la revisión de los decretos y el erario aprobado por el Parlamento, se detectó que los Programas de Desarrollo Social del Ministerio del Interior concentraron el mayor ajuste, por $ 26.630 millones en sus recursos, seguido de los $ 17.395 millones rebajados al Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) del Ministerio de Agricultura. El podio lo cierra el Ejército de Chile, institución a la que se le recortan $ 16.459 millones para este año.
También, en el listado destacan la reducción de más de $ 15.000 millones a los fondos para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), del Ministerio de Desarrollo Social; las transferencias a Gobiernos Regionales del Ministerior del Interior, reducidas en $ 14.168 millones; el fortalecimiento de la educación escolar del Mineduc por $ 13.817 millones; la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGA) en la cartera de Defensa, por $ 12.482 millones; la Armada, con $ 11.614 millones menos; el Poder Judicial con $ 10.695 millones de reducción; y Gendarmería en el Ministerio de Justicia, con ajustes por $ 10.313 millones.
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