Más cerca de convertirse en ley está el fondo de garantías especiales de US$ 50 millones que propuso el Gobierno como parte de su último paquete de ayudas, que este martes fue aprobado por la Sala del Senado y despachado a la Cámara de Diputados. La propuesta tiene dos objetivos: tenderle una mano a la construcción y ayudar a las familias a comprar su primera vivienda, otorgando una garantía estatal para el 10% del pie hipotecario, con un tope total de UF 4.500.
La iniciativa comenzó su tramitación legislativa este lunes en la comisión de Hacienda del Senado, instancia en la que surgió, entre los parlamentarios y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), una inquietud sobre la vigencia de seis años de la garantía. El tema fue recogido por el Ejecutivo, que presentó -al igual que el senador UDI Juan Antonio Coloma- una indicación para extender a diez años el plazo máximo de la garantía en el programa de apoyo a la vivienda, aprobada -junto con otros tres cambios- por la comisión.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, planteó que, desde el punto de vista de la persona que pide el crédito, esto no hace ninguna diferencia en el plazo en que se tiene que pagar el crédito, que se suscribe con el banco. “Esto beneficia efectivamente a las personas, y el único efecto que esto eventualmente tiene es que se van a ejecutar más garantías”, señaló.
Pero, desde que la indicación fue presentada el Ministerio de Vivienda habría realizado nuevos cálculos: su titular, Carlos Montes, advirtió que subir el plazo de seis a diez años tendría un costo fiscal adicional de $ 350 millones anuales.
“Pasar de seis a diez años no perjudica a la persona que ha solicitado el crédito, pero tampoco la favorece, por lo tanto, para él es neutral. ¿Quién es el beneficiado de pasar de seis a diez años? El banco, porque va a recibir una garantía en ciertas eventualidades sin haber hecho ningún cambio en las provisiones posteriores”, agregó.
Los senadores Coloma y Ricardo Lagos Weber (PPD) acogieron la argumentación, pero defendieron que el mayor plazo debería implicar beneficios, algo a lo que se sumó el ministro Grau. “Mi impresión es que es contraintuitivo que esto tenga cero efecto en las personas, porque efectivamente reduce más el riesgo al préstamo”, señaló.
Sobre el potencial impacto fiscal, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, acotó que el informe financiero señala que “se puede generar presión sobre la cobertura del fondo” con esta indicación.
El gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, Nicolás León, argumentó que el costo para el Estado desde el sexto al décimo año debería ser decreciente, porque ya habría plusvalía de la garantía real o mayor amortización del capital.
Con todo, la indicación fue aprobada por cuatro de los cinco integrantes de la comisión: el senador José García Ruminot (RN) se abstuvo. Eso sí, el ministro Montes pidió retomar el debate sobre el costo en la Cámara de Diputados.
Otras ayudas
Este martes se conoció el informe financiero del segundo proyecto de ley de ayudas sociales del Gobierno, que este año costaría $ 659.856 millones, y en régimen $ 336.666 millones al Fisco.
La creación del bolsillo familiar electrónico tendría un costo de $ 346.781 millones este año, y el aporte familiar permanente -o bono marzo- implicaría $ 184.361 millones. Además, el aumento del subsidio único familiar (SUF) y de la asignación familiar costaría $ 71.275 millones este año, y el aporte automático del SUF sumaría $ 57.438 millones. En régimen, la primera medida implicaría $ 106.913 y la segunda $ 229.754.
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