Por Rodolfo Carrasco
Un exhaustivo estudio de las actuales franquicias y exenciones tributarias se encuentran preparando los diputados Carlos Montes (PS) y Pablo Lorenzini (DC), con el objetivo de constatar cuáles corresponde que sigan vigentes y las que deben ser reducidas o eventualmente eliminadas.
Ambos parlamentarios ya iniciaron los contactos al interior de la Concertación para que en el marco de la discusión tributaria -que se espera abordar una vez terminada la tramitación del Presupuesto 2012- exista una sola postura como oposición para enfrentar este tema.
Lorenzini manifestó que lo primero que hay que hacer es ordenar el debate “todos piensan en recaudar más plata aumentando los impuestos, pero no necesariamente uno puede elevar los ingresos subiendo impuestos.
El punto clave está en las franquicias y en las exenciones y es ahí donde vamos a apuntar”, indicó.
Comisión de expertos
Anticipó que en la DC como en otros partidos de la oposición, ya existen diversas posturas para hacer un planteamiento al Ministerio de Hacienda de manera tal de enfrentar un debate con cifras actualizadas para saber qué franquicias realmente se justifican.
Explicó que “se hacen discusiones y reformas tributarias integrales cada 20 o 30 años. Por eso hay que crear una comisión de expertos convocada desde Hacienda que esté integrada por gente de diversos sectores y nosotros también aportar desde la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados”.
Planteó que no necesariamente el subir o mantener un punto más del Impuesto a la Renta es la solución, porque “hay mucha gente o instituciones que evaden a través de las franquicias y exenciones; así que toda discusión tributaria debe ser abordada también incluyendo estas materias”.
Sector inmobiliario
El beneficio principal que se espera reducir es el relativo a la construcción, donde existe consenso en la oposición de que ya no se justifica “financiar al sector inmobiliario” como señaló Montes.
El diputado PS recordó que las distintas exenciones y franquicias “en su gran mayoría fueron generadas en contextos económicos internacionales y nacionales muy distintos, por eso vamos a pedir que se revisen, que se vean sus efectos y si están cumpliendo sus objetivos”.
Argumentó que “el caso más claro fue el del IVA a la construcción, solo pagaba un 65% del IVA, norma que fue concedida hace unos 25 años y no guarda ninguna relación con el contexto actual”.
En ese sentido, sostuvo que una de las posibilidades “que siempre hemos dicho es que sería mucho más razonable transformar esos recursos en subsidio directo a las personas que requieran vivienda”.
Respecto del DFL2 planteó que buscará perfeccionar la norma vigente, porque “la gente que hoy quiere acceder al beneficio lo puede hacer hasta por dos viviendas, pero resulta que hay personas o empresas que ya tienen hasta 1.000 viviendas con esta franquicia tributaria y por eso hemos insistido que no corresponde que el Estado le esté dando esa franquicia a esas personas o instituciones que no lo necesitan”.
Señaló que “hay que sincerar esta situación. No cabe duda que hay posibilidad de reorientar varias franquicias y allegar recursos al Estado que hoy se dejan de percibir y en otros casos terminar definitivamente con algunas exenciones”.
En tanto, Lorenzini dijo que “la construcción es uno de los puntos fuertes del crecimiento del país, y cada día las constructoras están teniendo más fuerza, por eso hay que evaluar cuándo se justifica y para quién es esta franquicia, si es para clase media o la llamada clase media alta”.
Cabe destacar que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) fue consultada por el tema que plantean los parlamentarios, pero declinó referirse a la materia.
La proyección del SII
Al analizar la proyección de gastos tributarios (lo que se deja de percibir en exenciones y franquicias) elaborada por el SII para el año 2012, se observa por sector que el 61,6% de las franquicias surge de tratamientos preferenciales que buscan estimular el ahorro y la inversión (ver gráfico). En segundo lugar aparecen los incentivos al sector inmobiliario, que explican el 11,4% del gasto tributario total, seguido del sector salud, con 8,8% y del sector educación, con 6,8%.
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