La Asociación Chilena de Riego y Drenaje (Agryd) manifestó su inquietud por el proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas, específicamente en lo que se refiere al derecho de aprovechamiento de las aguas, ya que considera que dañará a la industria.
"Las modificaciones al Código de Aguas van en una dirección que tendrá un efecto negativo no sólo para la industria del riego, sino que también para los agricultores usuarios de nuestros servicios de diseño, instalación y operación de nuevos sistemas de riego, por el debilitamiento de la seguridad en la posibilidad de usar el agua, ya que ésta forma parte del capital de la agricultura", señaló el presidente de AGRYD, Luis Gurovich, durante la asamblea anual del directorio.
Otro de los puntos que discute AGRYD es que, a su juicio, el proyecto de reforma del Código de Aguas no define cuál será el ente rector que determinará si el uso del agua por parte del agricultor es correcto, cuáles son los criterios objetivos para hacer esta evaluación, y tampoco se indica si este ente rector tendrá los recursos técnicos, administrativos e instrumentales, necesarios para decidir si el uso del agua es correcto.
"Muchas situaciones actuales, con los largos períodos que transcurren, por ejemplo, entre una solicitud para inscribir una bocatoma, o intervenir un canal, por falta de funcionarios y recursos del Estado para evaluar dichas solicitudes, indican claramente que el Estado no está preparado para asumir estas responsabilidades con la objetividad y los criterios técnicos necesarios".
A juicio AGRYD, otra modificación clave en el proyecto de reforma es la ampliación de facultades a la Dirección General de Aguas (DGA), con las que podrá definir la titularidad del uso de las aguas, en base a criterios sujetos a las consideraciones de una autoridad que no cuenta con los recursos humanos necesarios para ejercer adecuadamente una función de ese tipo.
Sobre este punto, Gurovich plantea que el hecho de que un funcionario estatal decida si el agua se está usando bien o mal, si un agricultor la puede seguir utilizando, o si se asigna a otro agricultor o a otra actividad productiva no agrícola, genera incertidumbre. "Estas ideas en discusión nos tienen preocupados, porque las urgentes e ineludibles inversiones necesarias para mejorar la eficiencia de uso de este recurso escaso, que tienen un horizonte de largo plazo para su recuperación, quedarán detenidas, ya que no hay seguridad de la titularidad del derecho de aprovechamiento", añadió.
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