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Publicado: Jueves 16 de abril de 2015 a las 04:00 hrs.
En Cruz Blanca no escondieron el difícil momento que pasan, al igual que las otras Isapres, por la masiva judicialización que tienen actualmente con sus clientes por el alza unilateral de los precios de los planes.
"La ola de recursos de protección en la industria es algo que nos afecta y nos preocupa. Queremos tener un marco regulatorio que sea claro y respetado por toda la sociedad y aplicado por todos, que nos permita seguir desarrollando nuestro negocio", dijo durante la junta de accionistas de Bupa -holding al cual pertenece Cruz Blanca- el gerente general del grupo en Chile, Andrés Varas.
Dentro de los cambios que serían necesarios en la regulación de la industria, Varas sostiene que es relevante "que la sociedad vaya tomando conciencia que los costos en salud aumentan por razones estructurales".
Respecto a los tiempos que se han tomado los gobiernos para regular el sector, comentó que les gustaría mayor celeridad.
Consultado sobre establecer el tope de rentabilidad en las Isapres propuesto por Colmena, consideró que "no necesariamente la solución vaya por ahí. Si uno observa las cifras de rentabilidad que ha tenido la industria en el pasado, por lo general han estado por debajo de las cifras".
Integración vertical
El gerente general de Bupa Chile hizo una férrea defensa a la integración vertical entre Isapres y clínicas.
"Vemos la integración vertical como algo positivo por la mejor solución a los beneficiarios con una oferta más completa (...) del total de prestaciones que realizamos a nuestros afiliados, sólo un 15% de ese gasto se va a prestadores que tienen relación con nuestro holding", sentenció.
La primera, va como banco de inversión, mientras que la segunda será la corredora de bolsa para la operación. Fueron las únicas dos firmas que presentaron ofertas para quedarse con el negocio.
"Hoy, a las puertas de celebrar los 35 años, decidimos dar un paso adicional, adoptando una marca que no represente a personas determinadas", dijo el presidente del Comité Ejecutivo, Carlos Silva.
El trabajo preliminar mostró que un alto porcentaje de los establecimientos fiscalizados no mantiene disponible el título profesional del médico veterinario responsable de la supervisión clínica.