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Publicado: Jueves 16 de abril de 2015 a las 04:00 hrs.
En Cruz Blanca no escondieron el difícil momento que pasan, al igual que las otras Isapres, por la masiva judicialización que tienen actualmente con sus clientes por el alza unilateral de los precios de los planes.
"La ola de recursos de protección en la industria es algo que nos afecta y nos preocupa. Queremos tener un marco regulatorio que sea claro y respetado por toda la sociedad y aplicado por todos, que nos permita seguir desarrollando nuestro negocio", dijo durante la junta de accionistas de Bupa -holding al cual pertenece Cruz Blanca- el gerente general del grupo en Chile, Andrés Varas.
Dentro de los cambios que serían necesarios en la regulación de la industria, Varas sostiene que es relevante "que la sociedad vaya tomando conciencia que los costos en salud aumentan por razones estructurales".
Respecto a los tiempos que se han tomado los gobiernos para regular el sector, comentó que les gustaría mayor celeridad.
Consultado sobre establecer el tope de rentabilidad en las Isapres propuesto por Colmena, consideró que "no necesariamente la solución vaya por ahí. Si uno observa las cifras de rentabilidad que ha tenido la industria en el pasado, por lo general han estado por debajo de las cifras".
Integración vertical
El gerente general de Bupa Chile hizo una férrea defensa a la integración vertical entre Isapres y clínicas.
"Vemos la integración vertical como algo positivo por la mejor solución a los beneficiarios con una oferta más completa (...) del total de prestaciones que realizamos a nuestros afiliados, sólo un 15% de ese gasto se va a prestadores que tienen relación con nuestro holding", sentenció.
Estudio sostiene que solo once de las 34 comunas del Gran Santiago tienen aprobado su PIIMEP, a pesar de que -se afirma- ya están recaudando recursos por esta vía desde 2021.
En total, se trataría de 1.910.610 consultas y 312.628 cirugías en todo el país, que podrían realizarse si se usa la totalidad de la capacidad de los prestadores privados y aplicando criterios de movilidad de pacientes y recursos médicos.
El Consejo de Corfo define qué proyectos de investigación y desarrollo se financian con el dinero de los contratos de arriendo del Salar de Atacama. Hasta ahora, ambas compañías han entregado unos US$ 200 millones.
La medición también constató que el 22,2% de las personas asalariadas, independientes y trabajadoras de casa particular percibió haber estado expuesta a conductas ofensivas en su lugar de trabajo.