Esto sí que nadie se lo esperaba. Porque si bien siempre suceden cosas "llamativas" en torno a SQM, las sociedades cascada -a través de las cuales Julio Ponce Lerou ejerce el control de la minera no metálica-, y también a sus máximos ejecutivos, esto no entraba en los cálculos de, prácticamente, nadie.
Tres firmas de abogados norteamericanos están preparando demandas colectivas (class actions) en Estados nidos en contra de la compañía, directores y ejecutivos, producto del potencial daño que sufrieron los inversionistas y para lo cual buscarán una reparación monetaria.
Los estudios Rosen Law, Peiff Rosca Wolf y Pomerantz hicieron llamados a todos aquellos inversionistas que compraron acciones de SQM (ADR en el mercado norteamericano) antes del 18 de marzo para que se acerquen y puedan sumarse a la acción.
Phillip Kim, socio de Rosen Law, en conversación con Diario Financiero comentó que su estudio anticipó el caso "bastante rápido, dadas las investigaciones que están ocurriendo en Chile, relacionadas con ciertas declaraciones hechas por la compañía a sus inversionistas que no son correctas".
Además, aseguró que ya tienen a varios inversionistas uniéndose a la acción de clase, y que es cuestión de horas para que sea presentada en la corte. Esto si es que no alcanzaban a ingresarla anoche.
"Si somos exitosos y hay que compensar a los accionistas, el dinero vendrá de la compañía, potencialmente de los directores y ejecutivos, de la firma de contabilidad y todos aquellos que pudieran ser responsables", dijo Kim, agregando que respecto de los posibles efectos penales, el pedirlo no está dentro de sus facultades, sino que depende del gobierno de EE.UU. y la misma SEC.
El golpe de PCS
La pugna entre la canadiense PCS y el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, es una de las de más larga data en el mercado chileno.
Eso sí, esta es la primera vez en la que el quiebre no tiene como origen el control de la compañía, sino la investigación que lleva a cabo un organismo del Estado por distintos tipos de eventuales delitos. Y nuevamente, a pesar de los rumores, no están dispuestos a vender el 32% que mantienen en la empresa.
Por lo mismo, la respuesta de PCS fue dura. "PotashCorp y sus representantes en el directorio de SQM han demandando una investigación exhaustiva, transparente e independiente por parte de la compañía. El directorio de SQM no ha autorizado una revisión que cumpla con los estándares que esperamos, a pesar de los consistentes esfuerzos por parte de nuestros representantes en el directorio.
De la misma manera, nuestros representantes en la mesa solicitan enfáticamente que SQM coopere completa y voluntariamente con las autoridades competentes, particularmente, en el caso de la solicitud por parte de la Fiscalía, para la entrega voluntaria de información que ha sido rechazda por una mayoría del directorio.
Ha quedado de esta manera claro que, dada nuestra posición minoritaria y disidente en el directorio, no estamos en condiciones de asegurar que una investigación apropiada sea realizada ni que SQM colabore efectivamente con la fiscalía".
Como definen conocedores de esta situación, la actitud que tomaron los representantes del controlador respecto a no entregar la información contable que pedía la Fiscalía, de manera voluntaria, y sí hacerlo ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), podía acarrear, de forma implícita, eventualmente ser responsables en el eventual uso de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de campañas políticas, entre otros delitos.
Super de Pensiones oficia a AFP por situación de la compañía
Otros de los actores que miran atentos el terremoto que se está generando en SQM son los accionistas minoritarios, especialmente las AFP, las que controlan un 4,66% de la propiedad a través de acciones de la serie SQM-B.
Para las administradoras Julio Ponce, controlador de la compañía, es un viejo conocido, pues fueron éstas quienes solicitaron a la SVS investigar a las sociedades cascadas de SQM y que finalizó con el estallido del caso que aún se discute en tribunales. Por lo mismo, hoy miran con recelo lo que está ocurriendo dentro de la compañía.
En tanto, tras conocerse la renuncia de los directores nombrados por PCS, la Superintendencia de Pensiones ofició ayer a todas las administradoras, además de la Administradora del Fondo de Cesantía, respecto de este tema. El documento enviado por el regulador, que es de carácter reservado, se enmarca dentro del artículo 147 del D.L. N° 3.500, que dice que "las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que sean necesarias, para cautelar la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones de los Fondos". Por lo que las consultas de la Superintendencia irían en relación a las medidas que están tomando las AFP para resguardar las inversiones en la firma.
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