Un llamado a la calma realizó esta tarde el directror ejecutivo de la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama), Ignacio Toro tras la polémica aprobación del proyecto termoeléctrico Barrancones, por parte de la Corema de Coquimbo.
"El proyecto cumple la normativa ambiental, en sus
distintas partes (...) y cumple una normativa ambiental de directrices
internacionales", afirmó Toro, agregando que el gobierno busca un
desarrollo "sustentable asegurando la protección del medio ambiente".
Consultado respecto a la negativa mostrada por el presidente Sebastián Piñera,
durante su campaña, de aprobar iniciativas de este tipo, Toro señaló que
"el Gobierno reafirma la postura de no aprobar proyectos ni centrales
eléctricas que contaminan y dañan el medioambiente".
En este sentido, la autoridad destacó que al proyecto del grupo GDF Suez se le
han establecido "altas exigencias", destacando además que existirá un
seguimiento "riguroso" y una fiscalización permanente a las labores
de la empresa.
Al respecto indicó que dentro de las dos principales
indicaciones por parte de organismos del Estado para garantizar el proyecto
durante el proceso de evaluación ambiental, se contaron que la captación del agua
tuviera una mayor profundidad y que la descarga de agua no fuera a nivel
superficial, solicitudes a la cual la firma accedió.
Fiscalización
Frente a los temores de que la central pueda afectar en
medio ambiente, el director ejecutivo advirtió que la iniciativa cuenta con un
plan de alerta temprana que permitirá detectar anomalías con anterioridad a que
el medioambiente se vea afectado.
En respuesta a los supuestos daños que podría sufrir el ecosistema
de la caleta Chungungo- a 60 kilómetros de La Serena- Toro destacó que "no está
en riesgo el área protegida. Esa área se encuentra a 25 kilómetros de distancia
del proyecto", indicando además que la zona de influencia de la descarga es "en
el peor de los casos", a un kilómetro de distancia.
Asimismo destacó que cuando la termoeléctrica entre en
funcionamiento estará en operación la Superintendencia de Medio Ambiente, la
que asegura tiene atribuciones de fiscalizar y de establecer multas que podrían
llegar hasta los US$ 8 millones y de incluso ordenar el cierre de la
central.
Finalmente, Toro aseguró que en caso de que la ciudadanía sienta que sus
observaciones no han sido debidamente ponderadas, pueden presentar un recurso de
reclamación a la dirección ejecutiva de Conama y que además existe la instancia
del fallo ante tribunales ordinarios de justicia.
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