Una millonaria y desconocida disputa se abrió tras una expropiación establecida por el Ministerio de Obras Públicas. Se trata de un terreno de poco más de 15 mil metros cuadrados (dividido en dos lotes) en Huechuraba, para el que -por decreto- se fijó una indemnización de $ 4.813 millones. Su propietario pide un monto mayor y, ahora, el Fisco solicitó reducir el pago.
Fue en octubre del año pasado, cuando el MOP decretó la expropiación del terreno ubicado en la calle Santa Marta de Huechuraba (números 7243 y 7277) para la empresa Fondo de Infraestructura. Dijo que los dos lotes son necesarios para la ejecución de la obra denominada Terminales del Sistema de Transporte Público Metropolitano (RED).
La comisión de peritos -compuesta por Rodrigo Escobar, Mónica Conejeros y Víctor Araya- fijó el monto de la indemnización en $ 3.294 millones para el lote uno (de 10.165 metros cuadrados) y $ 1.518 millones para el dos (5.210 m2), según el decreto del MOP.
A fines de marzo de este año, el propietario del paño, la sociedad Flota de Transportes Elebem Limitada, presentó un reclamo en contra del monto de la indemnización. “Además del menor valor asignado al terreno y la construcción que se sitúa en él, no se ha considerado dentro de la indemnización a pagar, el lucro cesante que la expropiación provoca a mi representado”, dijo el abogado de la sociedad, Felipe Molina, en su presentación a la justicia.
El jurista destacó que, actualmente, el inmueble funciona como Terminal de Redbus, y que se ha mantenido en arriendo desde al menos el año 2014, generando rentas.
Frente a esto, por el lote uno, se solicitó una indemnización de al menos $ 4.053 millones por concepto de daño emergente y 39.600 UF ($ 1.428 millones) por lucro cesante. Por el lote dos, se pidió al menos de $1.873 millones y 19.200 UF ($ 692 millones), respectivamente.
“El acto expropiatorio reclamado, expuso a mi representada a una ‘enajenación no voluntaria’ de su propiedad, cuyos valores son, por lo tanto, no asimilables necesariamente a los promedios de valores que se pueden determinar del libre mercado de compraventas sino, por el contrario, deben ser necesariamente los más altos de estos en relación con sus atributos”, dijo el abogado de la sociedad, quien sostuvo que la comisión de peritos describió el inmueble afectado por la expropiación de manera absolutamente incompleta, imprecisa y vaga.
"Enriquecimiento injusto"
La disputa sumó un nuevo capítulo el pasado 17 de mayo, luego que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hiciera parte del litigio en representación del Fisco de Chile. El organismo solicitó reducir la indemnización del lote uno a $ 1.829 millones y el lote dos a $ 939 millones.
“El valor tasado por la comisión respectiva (…) resulta ser excesivo y por sobre el daño patrimonial efectivamente causado como consecuencia directa e inmediata de la expropiación, es decir, dicho valor excede el valor comercial del terreno expropiado”, sostuvo el CDE.
El organismo destacó que, para determinar el valor comercial del terreno, se usó el método comparativo o de mercado, que consiste en levantar valores referenciales en el entorno del inmueble a tasar.
“En suma, habiendo detectado una serie de impresiones en el trabajo de la comisión en cuanto a la homologación practicada sobre los referenciales en relación al inmueble expropiado, esta defensa fiscal, en cumplimiento al mandato establecido en la ley del resguardo del interés y patrimonio fiscal, ha detectado que se ha indemnizado provisionalmente por sobre el valor comercial del terreno”, dijo el consejo.
Y añadió: “En la presente expropiación, el patrimonio de los expropiados quedará en condiciones bastante mejoradas respecto de su situación anterior, de pagarse los montos por metro cuadrado de terreno que tasaron los peritos de la referida Comisión, situación que resulta del todo inaceptable. Es por ello que sólo acogiéndose esta reclamación se podría evitar el señalado enriquecimiento injusto por parte del expropiado”.
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