La ministra de Obras Públicas, Jessica López, dio a conocer la cantidad de multas que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutó el año pasado por faltas al Código de Aguas. En concreto, fueron 756 infracciones, por un total de $ 8.700 millones, lo que representa la cifra más alta de la historia y un incremento del 64% a comparación con el 2022. Además, destacó que se resolvieron un 40% más de fiscalizaciones que en el 2022.
“El cuidado y protección de los recursos hídricos es una prioridad para nuestro gobierno y es por eso que, desde que asumimos, nos comprometimos con la actividad fiscalizadora y fortalecimos los equipos e invertimos fuertemente en tecnología. Esto hoy tiene resultados: en 2023 logramos aumentar de manera importante los expedientes de fiscalización resueltos y fue el año en el que se aplicaron multas más altas de la historia”, exclamó la secretaria de Estado.
Dentro de las principales razones por las cuales se multó, por parte de la Dirección General de Aguas (DGA), están no contar con el sistema de monitoreo de extracciones efectivas; realizar obras no autorizadas en cauces; extracciones de aguas no autorizadas; extracciones de áridos no autorizadas, y la realización de obras mayores.
Junto a esto, en el balance, se detalló que las fiscalizaciones realizadas, fueron en un 37% debido a denuncias por parte de la ciudadanía y en un 63% por antecedentes de la propia unidad de fiscalización de la DGA.
La ministra de obras públicas dijo que si bien la fiscalización se ha fortalecido, la idea es “seguir avanzando y uno de los nudos críticos es lo complejo y extenso del proceso de fiscalización y sanción. Es por esto que ingresamos al Congreso un proyecto que busca la simplificación del proceso y que ha tenido una muy buena acogida por los parlamentarios, por lo que esperamos que se apruebe prontamente”.
Rodrigo Sanhueza, director general de la DGA, detalló que “desde el año 2018 existe una reforma al proceso sancionatorio y esto permite mejorar los procedimientos y la efectividad de cómo los funcionarios del área de fiscalización llegan al terreno a atender las materias que son solicitadas a revisar. Y desde el año 2022, con este programa de fortalecimiento del Departamento de Fiscalización, ha permitido lograr una mayor cobertura en el territorio, aumentar en un 40% nuestras fiscalizaciones y los procesos cerrados durante el año recién pasado. Estamos trabajando para seguir mejorando esto, sabemos que hay mucha necesidad y requerimiento de llegar de manera oportuna”.
La jefa de Fiscalización de la DGA, Carmen Herrera, concluyó: “desde nuestra perspectiva, el objetivo no es recaudatorio, sino que el objetivo es que el agua esté en los territorios para que se ocupe de la mejor manera y, por supuesto, para asegurar el derecho humano al agua y generar, obviamente, el soporte tanto ecosistémico como de las actividades económicas que corresponden”.
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