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Publicado: Miércoles 20 de julio de 2011 a las 19:38 hrs.
La Contraloría General de la República se pronunció esta tarde respecto a la consulta realizada por el diputado Enrique Accorsi (PPD) y la presidenta de la colectividad Carolina Tohá en cuanto a la existencia de un eventual conflicto de interés del Presidente Sebastián Piñera con el proyecto carbonífero Isla Riesco.
La presentación de ambos personeros se hizo debido a que una de las empresas que integran la sociedad Isla Riesco es Empresas Copec -del grupo Angelini-, donde Piñera aún mantiene785.609 acciones. Los ojos de la Moneda estaban sobre este tema ya que, de encontrarse un conflicto, podría significar que el presidente debe enajenar estos títulos.
El órgano contralor señaló -en un oficio de cuatro páginas- que la posesión de dichas acciones no implicaría una eventual parcialidad hacia el interés personal del presidente. En el documento, el contralor Ramiro Mendoza informó que "la integración del referido órgano decisorio no es consecuencia de la calidad de la calidad de exclusiva confianza que dichas autoridades tienen respecto del Presidente de la República, motivo por el cual las opiniones que ellas manifiesten y las decisiones que el comité adopte no dicen, en principio, relación con los intereses personales del Primer Mandatario".
Con respecto a la otra solicitud que Accorsi y Toha realizaron a la Contraloría, relacionada con la eventual actualización de su declaración de patrimonio que deberia hacer Piñera en caso que se encontrara un conflicto de interés, el organismo afirmó en el oficio que "no se encuentra la hipótesis planteada por los solicitantes".
La instancia también aprobó el Estatuto de Promoción de la Innovación impulsado por el Ejecutivo, que da un crédito tributario de 35% y exención de ganancias de capital a quienes inviertan en startups certificadas por Corfo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
"La responsabilidad penal podría configurarse “si se acredita que quienes administraban los fondos abusaron de sus facultades o actuaron de manera manifiestamente contraria al interés de los afiliados, causando perjuicios y concurriendo los demás requisitos del delito de administración desleal", advierte la abogada Macarena Iturra.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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