En alerta están algunos actores del rubro eléctrico ante la atribución de monitoreo de la competencia que este 1 de julio estrenó el Coordinador Eléctrico Nacional y que es parte de los nuevos roles concebidos para esta entidad en el marco de la reforma a la Ley de Transmisión.
Esta norma fija que el Coordinador debe poner en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) cualquier indicio de actuaciones que pudieran ser constitutivas de atentados contra la libre competencia, pero a ojos de algunos en el sector, el procedimiento que diseñó el organismo para realizar esta labor excedería con mucho dicha función, ya que permitiría que la nueva unidad lleve adelante investigaciones similares a las de la FNE.
Chile es el tercer país de América, tras Estados Unidos y Canadá, en contar con un grupo de este tipo, cuyo objetivo es preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones y asegurar acceso abierto a los sistemas de transmisión.
La unidad de monitoreo de la competencia depende del Consejo Directivo del Coordinador, fue constituida con el apoyo del expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Tomás Menchaca, y es liderada por el exFNE Paulo Oyanedel, quien como primera tarea instruyó al equipo de tres profesionales que la integra, revisar las condiciones de la licitación de más de cien obras de transmisión que la entidad lleva adelante, ya que el papel de control de este grupo rige tanto para materias externas como internas del organismo.
La preocupación de algunas empresas se centraría en las acciones que la unidad puede desplegar para cumplir algunas de las ocho áreas en las que se desarrollará el procedimiento, entre las cuales figura no sólo el acceder a la información que el coordinador ya recibe para realizar su trabajo, sino que también pedir otros datos, como por ejemplo, los contratos de generadoras y empresas relacionadas o sus proveedores; como los de combustibles.
Con anterioridad sólo una vez se obligó a las generadoras eléctricas a mostrar sus contratos a la autoridad. Fue en 2014, cuando en un proceso en extremo sensible, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, pidió esta información con el objetivo de conocer las condiciones comerciales que se ofrecían a los clientes libres.
En este caso, se estima que del orden del 10% de la información que podría solicitar este grupo de trabajo es adicional a la que el Coordinador recibe para su trabajo habitual, pero en muchos casos se trata de datos altamente sensibles.
La cantidad de material a requerir estuvo entre las observaciones que unas quince empresas hicieron durante la consulta pública del procedimiento. La necesidad de asegurar la confidencialidad de lo informado fue otro de los comentarios.
Otras tareas
Otra de las tareas que estaría desarrollando la unidad de monitoreo de la competencia es el análisis de la estructura de los mercados para los distintos segmentos sujetos a coordinación, lo que implica establecer la estructura solitaria y de propiedad de los coordinados. Esto, a fin de establecer las relaciones de propiedad, por ejemplo, entre las generadoras y sus suministradores de combustibles.
La industria está obligada a responder a los requerimientos del Coordinador, quien tiene la posibilidad de denunciar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en caso de una negativa injustificada, mientras que éstas podrían también acudir al Panel de Expertos en caso de no querer informar.
El diseño para la unidad de monitoreo cuenta con el apoyo de la autoridad, ya que estas funciones forman parte también del reglamento del Coordinador Eléctrico que el Ministerio de Energía ingresó a la Contraloría para toma de razón.
Lo que han detectado organismos similares
El primer sistema de monitoreo de la competencia en el mercado eléctrico se constituyó hace unos diez años en Estados Unidos y ya cuenta con resultados.
Un ejemplo de ello se produjo en 2013, cuando JPMorgan Chase & Co acordó con la Comisión Federal de Regulación de la Energía (FERC, por su sigla en inglés) el pago de US$ 410 millones para resolver acusaciones de manipulación del mercado eléctrico en California y el Medio Oeste al realizar "pujas manipuladoras" entre septiembre de 2010 y noviembre de 2012.
Lo que el banco hizo fue suscribir acuerdos de arriendo para operar varias plantas de energía en California, pudiendo al mismo tiempo suministrarles el combustible y, posteriormente, vender la electricidad que producían. Lo que determinó el organismo de monitoreo es que mediante estas estrategias el banco logró crear condiciones artificiales al manipular a los operadores de la red eléctricas, que le permitieron inyectar al sistema muy a menudo energía producida por centrales que fueron construidas en las décadas de '50 y '60, pese a ser menos eficientes que unidades más modernas.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Energía
