Los cuestionamientos que han surgido desde la industria hacia el proyecto de ley que modifica la actual normativa en materia de gas por redes no se detienen.
Esta vez vienen de un análisis legal realizado por Germán Pfeffer, socio de Pfeffer & Asociados, a solicitud de la firma de capitales italianos Intergas, que abastece a algunas ciudades del sur.
El informe de diez páginas señala que si bien el proyecto de ley logra completar algunos vacíos legales que habían respecto a cómo se calcula la rentabilidad y otros temas, incorporó “innecesarias y peligrosas innovaciones para el mercado del gas por red, que seguramente terminarán por coartar su desarrollo y expansión de no ser corregidas”.
Agrega que algunas “arbitrariedades” generan incertidumbre para todas las concesionarias, por lo que hace ver que podrían poner en peligro las inversiones.
De hecho, dice que el proyecto es un “retroceso a la actual legislación”, que “atenta en contra del derecho a realizar cualquier actividad económica lícita”; “se afecta el derecho a propiedad (...) constituyendo la fijación tarifaria por el solo ministerio de la ley y en base a una sanción a la rentabilidad, una expropiación indirecta de las utilidades del negocio de las concesionarias”, y “atenta contra la igualdad ante la ley (...) pues discrimina arbitrariamente a las concesionarias de gas por red al establecer un sistema de fijación de precios y de sanción a la rentabilidad sin un fundamento en materia de orden público, seguridad nacional o moral”.
Puntos clave
Uno de los principales punto que aborda el documento es la contradicción que surge del hecho que la legislación actual reconoce que esta actividad “no tiene el carácter de monopólica” y que hay un régimen de “libertad tarifaria”, pero a la vez se establece una “tarificación indirecta”, según el análisis de Pfeffer.
Esto, porque actualmente si se sobrepasa un límite de rentabilidad (11%), se puede iniciar un proceso de fijación tarifaria si así lo estima el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Sin embargo, el proyecto elimina la participación del tribunal y establece que sólo por el hecho de superar el límite, aunque esto no fuera resultado de un atentado a la libre competencia, se activa el proceso tarifario.
En el fondo -dice Pfeffer en el escrito- se entiende que “la concesionaria obtuvo dicha rentabilidad por la única y exclusiva razón de que vulneró la libre competencia”.
Segundo argumento
Según el análisis, esta situación empeora al eliminarse la tasa anual de costo de capital mínima o garantizada de 6%. Esto es como una garantía mínima para hacer inversiones que son necesarias, dice y agrega que la eliminación de este piso es inédito, ya que existe incluso en mercados monopólicos.
“Esta arbitrariedad del proyecto de ley en trámite genera total incertidumbre para las concesionarias de gas por red, considerando además que la rentabilidad máxima se calcula precisamente sobre la tasa anual de costo de capital”.
Todo esto -y otros puntos como el cambio de cómo se contabilizan las inversiones en instalaciones interiores- estaría “generando un desincentivo a la inversión que tiene como efecto negativo el de robustecer la posición relativa de empresas más grandes en el mercado chileno, en detrimento de aquellas concesionarias medianas y pequeñas, estableciéndose además una barrera para que ingresen o se mantengan nuevos actores”.
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