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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍImplica reducción de rentabilidad de las empresas desde un 10% antes de impuestos a una banda entre 6% y 8% después de impuestos.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 14 de noviembre de 2019 a las 04:00 hrs.
Por unanimidad se aprobó ayer en general en el Senado la denominada ley corta que busca bajar la rentabilidad de las distribuidoras de electricidad. La iniciativa, que propone pasar desde el actual 10% antes de impuestos a una tasa de mercado calculada por la autoridad con un piso de 6% y un techo de 8% después de impuestos, volverá a la comisión para su votación en particular que –según se estima- se efectuaría el próximo miércoles.
En la instancia, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, aseguró que “este es un proyecto que ha tenido hasta el momento un apoyo político bastante transversal”. Mientras, el presidente de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, señaló que, “si bien la disminución de la tarifa no será significativa, sí lo será la disminución de la rentabilidad de las empresas distribuidoras eléctricas”.
Según explicó el senador, “de acuerdo a cálculos estimados de la Comisión Nacional de Energía, podría reducirse a aproximadamente en $ 600 mil millones para los próximos cuatro años sin que ello afecte la seguridad del servicio, cuyas exigencias actuales regirán hasta el 2024 independientemente que el mecanismo de cálculo de tarifa de este segmento sea el de una empresa modelo o real”.
En esa línea, el senador Alejandro García Huidobro indicó que este proyecto va en la línea correcta, pero también recalcó la necesidad de tener una ley larga donde se pueda ingresar la competencia en la distribución eléctrica. El parlamentario agregó que “es fundamental apurar este proyecto con el fin de que podamos tener en la nueva fijación tarifaria ya incorporada justamente esta rentabilidad”.
En la cita se solicitó un plazo de indicaciones hasta el próximo lunes, a las 12 horas.
Jaime Winter, el defensor de Pedro Pablo Larraín, aseguró que la anulación de la primera revocación de existencia de la AGF demostraría que “no se puede atribuir cualquier tipo de perjuicio que se haya generado a los aportantes al actuar de Sartor, sino que directamente al actuar de la CMF".
La ANEF cuestionó que la instancia anunciada por el ministro de Hacienda no considere a los trabajadores públicos y emplazó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, y al director del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza, a aclarar su posición.
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