La Fiscalía Nacional Económica inició dos requerimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de empresas dedicadas al transporte terrestre de pasajeros las que arriesgan multas por hasta US$ 48 millones.
El primero de ellos en contra de Tur Bus, Pullman Bus, Transportes Cometa y Buses Romani, firmas que han operado de forma coludida para evitar que entren competidores en los terminales de las ciudades de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Antofagasta.
El requerimiento señala que las empresas ejecutaron “acciones coordinadas tendientes a bloquear el acceso de competidores relevantes a diversos terminales del país (…) impidiendo o retardando de esta forma que nuevos actores pudieren ofrecer sus servicios de transporte interurbano hacia dichas zonas”.
El segundo tiene relación con existencia de un acuerdo de tarifas y de frecuencias en la ruta Santiago-Curacaví (ver recuadro).
La fórmula
Las empresas desarrollaron la práctica acaparando las oficinas ubicadas en los terminales de las ciudades antes mencionadas, de manera de hacer inexistente la oferta de arriendo de boleterías en los mismos. La ley exige que para entrar con un bus a una ciudad de más de 50 mil habitantes, la empresa debe tener acceso a un terminal y una boletería en su interior. Para ello se coordinaban telefónicamente o vía mails, pruebas a las que tuvo acceso la Fiscalía.
Mediante esta práctica las empresas requeridas, según detalló la Fiscalía, redujeron la presión competitiva, impidiendo que otros competidores, particularmente la empresa Línea Azul -tercer actor del mercado-, prestara el servicio.
El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, calificó como grave la actuación de las cuatro empresas, ya que afectaron un mercado de reconocida connotación e impacto social.
Las sanciones
Con dichos antecedentes la FNE solicitó al TDLC se imponga a las firmas dedicadas al transporte de pasajeros el pago de multas por hasta US$ 41,3 millones aproximadamente (41.000 Unidades Tributarias Anuales). Para Tur Bus solicitó una multa de 20.000 UTA (US$ 19,7 millones); Pullman Bus Costa 7.500 UTA (US$ 7,38 millones); Transportes Cometa 12.500 UTA (US$ 12,3 millones) y 2.000 UTA para Buses Romani, unos US$ 1,97 millones.
Además se solicita que se les ordene el cese inmediato de las prácticas de colusión; se modifique o ponga término a los actos , contratos, convenios, sistemas o acuerdos que les permitan utilizar a las requeridas oficinas en los terminales objeto del requerimiento que no sean necesarios para la venta de boletos. Y que se les prohíba volver a ejecutar estas prácticas en el futuro, ya que serían consideradas como reincidentes.
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