Tras poco más de ocho meses de discusión la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley que "Moderniza y Fortalece el Ejercicio de la Función Pública del Servicio Nacional de Pesca" y que dentro de sus objetivos principales está combatir la pesca ilegal en nuestro país.
La pesca ilegal pasó a constituir una de las más cuestionables infracciones al ordenamiento nacional, pues no sólo pone en riesgo el futuro de los recursos pesqueros sino que provoca además un gran impacto en quienes viven y trabajan en torno a la pesca al generarse un mercado paralelo, que según la FAO se ha convertido en el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo luego del tráfico de drogas y armas.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, explicó que la importancia del proyecto radica en que ayuda a controlar la pesca ilegal y "coloca a Chile a la vanguardia de esta lucha a nivel internacional".
"Permite disminuir las sanciones a los que extraen los productos, pero aumentar drásticamente las sanciones en aquellos que desarrollan las actividades de procesamiento, distribución y comercialización de la pesca ilegal en donde realmente está el negocio", agregó.
Según antecedentes proporcionados por Sernapesca, el proyecto tipifica el procesamiento, elaboración, comercialización y almacenamiento que no acrediten origen legal. En tanto, en el caso de pesquerías sobre explotadas o colapsadas -como la merluza común- será delito.
Teniendo en cuenta esto último, el gerente o administrador de una empresa que procese pesca ilegal arriesga una pena de presidio de 541 días a 3 años más una multa mínima de $ 13.772.100 y máxima de $ 22.953.500.
Por el contrario, a los pescadores artesanales que sean sorprendidos en tenencia se le bajará el castigo. Por ejemplo, en el caso de 10 kilos de recurso almeja -que actualmente arriesga una multa mínima de $ 1.377.210 y una máxima de $ 13.772.100- con la modificación propuesta su multa mínima será de $ 10.145 y la máxima de $ 202.908.
En esa línea, Súnico aseguró que "los pescadores que desarrollan la pesca legal pueden estar muy tranquilos. El combate a la pesca ilegal sólo favorece a aquellos que desarrollan la actividad de manera normal y reglamentada pues eso tiende a mejorar los precios y competitividad de los productos pesqueros, además de avanzar más rápido en la recuperación de los recursos en la medida que se inhibe, se prohíbe, se castiga con más fuerza a quienes desarrollan este negocio".
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