El tercer día de audiencia de Latam Airlines para la definición del financiamiento Debtor in Possession (DIP) fue, nuevamente, una jornada maratónica y se centró en la propuesta alternativa de los bonistas que buscan aportar US$ 900 millones, y que compite con la de las familias Cueto, Amaro, Eblen y Qatar Airways.
La sesión arrancó pasada las 10:30 -y terminó cerca de las 19:20- con el interrogatorio a Zul Jamal, managing director de Moelis & Co y representante de los acreedores de la mesa Ad Hoc. La instancia estuvo a cargo de Jeffrey Rosenthal, especialista de litigación de la firma Cleary Gottlieb y defensor de la aerolínea de bandera chilena.
James L. Garrity, Juez del Tribunal de Quiebras del Dist. Sur de NY.
Tras pasar cada uno de los testigos previstos para el día, el juez decidió que definiría el caso la próxima semana a la espera de algunas aclaratorias de las partes involucradas.
Extensa jornada
Tras la intervención de Jamal, el debate se centró en el procedimiento de la búsqueda de financiamiento por parte del banco de inversión que asesora a Latam, PJT.
Desde el frente de los acreedores, su abogado Michael Doluisio, del estudio Dechert LLP, expuso que la entidad financiera “ejecutó un proceso comercial muy aprensivo” en contra de otras ofertas, privilegiando a Oaktree Capital Management. Pero, al momento de interrogar a su testigo Charles Otton, co-jefe global del Grupo UBS, no pudo demostrar que se haya “expulsado” efectivamente a los otros ofertantes para el tramo A.
Incluso, en el interrogatorio hecho a Otton por Jeffrey Rosenthal, abogado de la aerolínea, el experto dijo que dentro de su análisis “había identificado algunos problemas para la compañía en la propuesta de Jefferies”.
Modificación de Jefferies
Un segundo punto en discusión se abordó en la tarde, y fue respecto a los cambios de la carta de compromiso de Jefferies Finance.
Respecto a ello, en la madrugada del jueves, los tenedores de bonos desclasificaron la modificación de su compromiso en el tramo C ingresada a la Corte el día lunes, para “acoger” algunas de las inquietudes de los deudores.
En primera instancia, ya se habían realizado cambios a la fórmula original, que principalmente apuntaban a un delayed draw o retiro de fondos paulatino del crédito propuesto, junto con otros 13 puntos.
En ese sentido, uno de los mayores defensores de esta propuesta, el director y confundador de Knighthead Capital, Thomas Wagner, dijo que en el desembolso del financiamiento ya contemplaba un retiro de dos fechas: agosto y octubre.
La pregunta que lo puso contra las cuerdas, después de varios minutos presionado por el abogado de Latam, fue si el nuevo documento mejoraba en términos económicos. A lo que el ejecutivo respondió: “No. El acuerdo era y se mantiene superior en términos económicos a la propuesta de los insiders (accionistas). No entiendo por qué tendrían que mejorarla, si ya es la mejor”.
Y agregó que este viernes llegaría una oferta desde el mercado de un banco muy relevante.
La sesión finalizó con la exposición de tres abogados chilenos: Arturo Yrarrázaval, Arturo Fermandois y Octavio Bofill, quienes fueron consultados por su experiencia.
Yrarrázaval reiteró que la recaudación de aportes bajo el proceso de Capítulo 11 no viola, en ningún sentido, la ley chilena.
Los otros dos abogados, que representan a las contrapartes, desestimaron estos dichos y apelaron a que la decisión se debe ceñir según las normas de nuestro país.
Independencia de la firma y origen
del préstamo podrían marcar decisión judicial
El juez James L. Garrity tiene en sus manos decidir el futuro del financiamiento -por US$ 2.450 millones- que permitirá a Latam Airlines abordar su reestructuración en EEUU. Y, para ello, habría dos condiciones clave que podrían inclinar la balanza entre las opciones que compiten por el Tramo C: la de los accionistas o la de Jefferies, apoyada por Knighthead Capital Management.
Según fuentes conocedoras del Capítulo 11 y de la realidad chilena, el titular de la Corte tendrá su mirada, primero, en la independencia real de Latam con sus accionistas mayoritarios. "En Chile, generalmente, las empresas no tienen tanta independencia. Los controladores juegan un rol fundamental en la operación y, en muchos casos, eligen el directorio. Pero, cuando una firma ingresa al Capítulo 11, deja de privilegiar sus intereses internos, se convierte en Debtor In Posession y se separa del control de sus accionistas. Ésta debe velar por los intereses de accionistas, acreedores y proveedores", explicó uno de los abogados a DF.
Entonces, si la declaración del CFO, Ramiro Alfonsín, es considerada por el juez "muy a favor del préstamo de los controladores, va a indicar que no está abogando por lo mejor para la firma, que debiera ser con mejores condiciones o lo más barato". Además, pesaría el hecho de que el aporte venga de una entidad relacionada a la compañía. "Aun cuando llegasen a ser préstamos en similares condiciones, el juez podría verse inclinado a privilegiar la opción no relacionada a la empresa, si estima que en ese contexto se privilegiará mejor el interés de la masa de acreedores y de los participantes del proceso, y la independencia en las decisiones de la compañía", apuntó la fuente.
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