Una semana compleja ha vivido el sistema de transporte público santiaguino, tras una ola de protestas contra la última alza de $30 en la tarifa del Metro, lo que gatilló evasiones masivas y destrozos en algunos puntos de las líneas.
Desde que el presidente Sebastián Piñera asumió en marzo de 2018 el pasaje del transporte ha subido en tres oportunidades. Pero estas alzas son producto de una fórmula de cálculo detrás del sistema.
Se trata de una serie de variables del indexador tarifario, mediante el cual se toman diversos factores, tales como el precio del petróleo diésel, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento del costo de la mano obra y el valor del dólar. Con estos datos a la vista, un panel compuesto por tres expertos, Juan Enrique Coeymans, Claudio Agostini y Juan Pablo Montero, realizan un cálculo para determinar el incremento, y para ello se reúnen mensualmente a revisar las variables.
De manera preventiva, a principios de 2019, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones decidió reestructurar las proporciones de ciertos elementos del cálculo, e incluyó la energía eléctrica que utilizan el Metro y los nuevos buses integrados al sistema. Esto llevaría a que el porcentaje del diésel tenga menor ponderación en la fórmula. Sin embargo, eso no evitó la última alza, que se produjo principalmente por los costos de construcción de las Líneas 3 y 6 de Metro.
El único camino que le queda al gobierno es introducir cambios a la normativa que regula el subsidio al transporte público capitalino, cuyo monto anual es de US$ 800 millones y sirve para cubrir el 44% de los costos del sistema. Pero no es tan fácil como suena, dado que este proceso podría demorar al menos un año desde que se ingrese al Congreso porque deberá ser discutido por los parlamentarios.
Aunque la cartera que encabeza Gloria Hutt aún no ha revelado cuál será su estrategia contra las alzas, sí está en el momento preciso para presentar un proyecto de ley que vaya en esta dirección, dado que en 2021 vencerá el subsidio transitorio que, si dejara de existir, dispararía el precio del pasaje por sobre los $ 1.000.
Esta sería la oportunidad del gobierno para poder incrementar el aporte al pasaje público y estabilizar la volátil tarifa de los últimos dos años.
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