La semana pasada, el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, expuso como el orador principal de un seminario organizado en Argentina por la OCDE, el Banco Mundial y la Autoridad Nacional de la Competencia de Argentina (ANC).
Su exposición estuvo centrada en la norma que, desde el año 2017, permite a la FNE controlar preventivamente las operaciones de concentración, esto es, fusiones y adquisiciones.
“El control de fusiones en Chile ha logrado complementar exitosamente la institucionalidad chilena de defensa de la competencia, disipando todas las dudas que existieron en el momento de su discusión legislativa”, dijo Grunberg en esta instancia.
El fiscal dijo que esta regulación ha permitido tener mercados más competitivos, que son “el motor para tener una economía vibrante e innovadora”. Incluso, apuntó a que las empresas se abstienen por sí solas de opciones de negocios que puedan ser nocivas para la competencia. Eso, ejemplificó, se vio en la venta de Banmédica a Patria y Linzor Capital; y en la compra de los activos de Telefónica por parte de Millicom; ambos actores sin presencia relevante en esos sectores en Chile.
“El efecto inhibitorio es propio de un sistema consolidado, de un sector empresarial que respeta y considera el criterio de la autoridad”, dijo.
Las estadísticas
Dicho todo esto, Grunberg reveló una serie de datos sobre el funcionamiento de la norma.
En total, desde 2017, 303 operaciones han sido notificadas: un 90,1% (273) fueron aprobadas pura y simplemente; un 8,6% (26) fueron aprobadas con medidas de mitigación; y un 1,3% (4) fueron prohibidas.
De las aprobadas, “en promedio no han sobrepasado los 35 días de tramitación ante la FNE, incluyendo aquellas aprobadas con medidas de mitigación”, dijo Grunberg.
En un 5,6% de los casos la investigación se ha extendido a Fase II: dentro de ese grupo, un 41,2% fueron aprobadas en forma pura y simple; un 35,3% fueron sujetas a medidas de mitigación; y el 23,5% restante representa a las cuatro operaciones prohibidas.
De las que se cerraron en Fase I, solo un 7% (20) fueron sujetas a medidas de mitigación, mientras que las otras 266 se aprobaron de forma pura y simple.
“Las estadísticas aquí presentadas, demuestran que el sistema ha funcionado de forma efectiva. La amplia mayoría de las investigaciones terminan en Fase I, con una tasa de intervención respecto de prohibiciones y aprobaciones sujetas a medidas de mitigación acotada a los márgenes de los demás países de la OCDE”, planteó el fiscal.
Grunberg argumentó que la FNE “parte de la base de que las concentraciones son naturales y sanas en el devenir comercial de las empresas. Al momento de detectar riesgos, la FNE evalúa también los contrapesos que puedan darse producto de los efectos de la operación, ya sea mediante la entrada de un nuevo actor o de las eficiencias que las partes pudieran acreditar”.
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Martín Baeza
