Buscar “soluciones alternativas para la continuidad operacional, es decir, que Huachipato pueda seguir funcionando de la forma en que lo hace en la actualidad” es la misión que tiene el ministro de Economía, Nicolás Grau, para salir del verdadero “zapato chino” en que está inserta la histórica siderúrgica, que este miércoles anunció su cierre después de 70 años, tras considerar que las sobretasas aplicadas a tres empresas, en un promedio de 15%, no solucionaban su problema, dado que la firma solicitaba aranceles de 25%.
Más allá de que esta sea una empresa privada y la decisión de cerrar sea suya, el ministro Grau dijo que “Huachipato es una empresa muy importante para el país y la Región del Biobío, muy importante en términos estratégicos por lo que representa la producción del acero en el caso de un país minero como el nuestro”.
Asimismo, resaltó que “es también muy importante para el encadenamiento productivo de la región”.
“Presentar esto solo como una decisión política no da cuenta de cómo funciona nuestra institucionalidad”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau.
Aunque la tarea de Grau es “conversar con la empresa y buscar soluciones”, el titular de Economía hizo ver que los problemas de Huachipato “tienen, al menos, una década”, pero puntualizó que están viendo “una salida distinta que permita la continuidad de Huachipato”.
Efecto China
El ministro defendió el actuar de la Comisión Antidistorsiones, en orden al trabajo técnico que esta instancia hizo para recomendar las sobretasas. “Nuestro Gobierno, como lo han hecho los gobiernos anteriores en esta materia, ha seguido al pie de la letra las reglas para evaluar la existencia de dumping, es decir, que venden a un precio menor que el costo”.
Precisó que la Comisión Antidistorsiones, que evalúa técnicamente si se cometió dumping o no y en qué medida, no es el Gobierno, por lo tanto “la decisión (de subir a 25% la sobretasa) no es del Gobierno”.
El ministro señaló que la Comisión sí ve evidencia de dumping tanto en el caso de las barras como de las bolas de acero y también encontró evidencia para ciertos niveles de dumping. “Ello ha determinado las propuestas de aranceles y tasas que ha hecho la Comisión”, dijo.
Las tasas se imponen, explicó, en virtud de la evidencia encontrada de cuán bajo son los precios en relación a su costo.
La Comisión Antidistorsiones recomendó imponer sobretasas a tres empresas, con valores de 9,2%, 14,2% y 22,5%, con un promedio de 15,3%. Además, señaló que en el caso de dos empresas no se ha encontrado evidencia de un dumping relevante que amerite sobretasa.
“Presentar esto solo como una decisión política no da cuenta de cómo funciona nuestra institucionalidad”, retrucó el ministro Grau ante críticas de las autoridades regionales.
Presidente Boric
“Lo que está pasando con CAP, en Talcahuano es una preocupación firme del Gobierno”, dijo al respecto el Presidente Gabriel Boric.
Detalló que “el ministro Grau está encargado. Es una preocupación, más allá de la voluntad o no del Gobierno, porque tiene que ver más con cuestiones internacionales. Pero desde el Gobierno estamos poniendo todo el énfasis y generando un diálogo con la empresa para poder evitar justamente el cierre de la misma”.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, tampoco fue indiferente a lo que ocurre. “El cierre de la siderúrgica tiene que ver con una actividad que venía operando hace muchos años”, explicó. Manifestó que la mayor preocupación en torno a este anuncio son los empleos que se perderían, estimando que serían más de 2 mil trabajadores afectados. “Por esa razón y las características de esta empresa, en particular la relación con la propia industria minera, es que el ministro Grau ha instalado esta instancia de conversación con la compañía, para ver una salida distinta a la que se ha planteado”, dijo.
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