Al menos por este fin de semana, las salmoneras seguirán en vilo. Este jueves, la Comisión Mixta del Congreso iba a votar el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que incluye una potencial modificación a la Ley de Pesca que eliminaría, a futuro, la salmonicultura en reservas nacionales y forestales.
La industria ha señalado que las áreas protegidas concentran alrededor del 60% de las concesiones operativas.
Luego de tres horas de discusión, la Comisión no logró acuerdo y la votación se postergó para el lunes.
“Si bien destacamos esta iniciativa, pues sistematizará las normas que regulan las áreas silvestres protegidas, seguimos sosteniendo que hay aspectos del proyecto que ponen en riesgo el desarrollo de la salmonicultura”, dijo el gremio SalmonChile ante la consulta de este medio.
La asociación argumentó que “si hoy existe acuicultura en reservas es por dos razones: se otorgaron concesiones en lugares que después se constituyeron en reserva, o se otorgaron donde lo protegido original solo estaba en tierra firme”.
Chile ocupa, a nivel global, el segundo lugar en la industria salmonera, solo por detrás de Noruega.
Este competidor directo, dijo el gremio, ha definido un plan estratégico para quintuplicar su producción a 2050, mientras “en nuestro país se discuten solo restricciones. Esto significará cambios sustanciales en las actuales participaciones de mercado. Hoy, Chile tiene el 35% del mercado global y Noruega el 45%. A 2050, Noruega alcanzará el 82% y Chile se verá reducido al 11%. Noruega solo tiene bajo protección oficial el 10% de su mar, mientras que Chile el 40%”.
SalmonChile solicitó que el Ministerio de Economía se haga parte del debate, planteando que “es imperioso evaluar los eventuales impactos” de la propuesta, principalmente en torno a los 71 mil empleos que genera la industria.
“Confiamos en que nuestros legisladores puedan ponderar en su mérito los efectos de la propuesta, en momentos en que el país requiere de certidumbre, diálogo y entendimiento entre el sector público y privado para el desarrollo sustentable”, cierra la declaración.
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