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¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍCompañía debía US$ 6,5 millones, pero solo logró recaudar cerca de US$ 1 millón, lo que se fue a cancelar deudas con los trabajadores.
Por: Nidia Millahueique
Publicado: Martes 8 de agosto de 2017 a las 13:54 hrs.
Más de un año duró el proceso de quiebra de la cadena supermercadista Bigger, que en mayo del año pasado solicitó a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento la liquidación voluntaria, de manera de poder saldar deudas por unos US$ 6,5 millones, pero teniendo que cerrar los 23 locales entre Antofagasta y Coyhaique.
Según detalla el liquidador, Cristian Herrera, la próxima semana se concretará el último remate de activos, que contempla un saldo de equipamiento de oficina y maquinarias, para poner fin al proceso. "Después de eso esperamos el último reparto de fondos y finalizamos la quiebra", dijo.
Sin embargo, a los proveedores que tenía la cadena, los recursos recaudados, que sumaron $ 579 millones hasta el momento, no alcanzaron para saldar los pendientes.
Los principales acreedores de Bigger eran Agrosuper con $ 480 millones, CCU con $ 347 millones y Unilever con $ 270 millones, sumado a Watt’s, Danone, entre otros. Herrera detalla que “a los proveedores no se les pagará nada, porque la plata no alcanza. Todo lo que se recaudó se destinó a pagar lo que se les debía a los trabajadores en término de remuneraciones y leyes sociales".
Esto se dio porque Bigger no tenía propiedades –ya que todas era arrendadas- eran muy pocos los activos que manejaban, “entonces lo que se remató fue toda la mercadería que había y uno que otro camión, por eso la recaudación fue baja”.
En total, la deuda con los trabajadores por concepto de indemnización por término de contrato y salarios pendientes bordeaba los $ 420 millones.
Respecto a los créditos, Herrera comentó que todos fueron impugnados y “si bien se llegó un acuerdo con la mayoría de los proveedores previo a la liquidación voluntaria de la empresa, lamentablemente las condiciones comerciales ofrecidas por proveedores claves hicieron imposible la continuidad operativa de la compañía".
La sociedad acusó que las obras estuvieron paralizadas durante cuatro años debido a conflictos territoriales y judiciales con las comunidades, al punto de que trabajadores de la concesión sufrieron agresiones físicas.
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