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Publicado: Miércoles 16 de agosto de 2017 a las 04:00 hrs.
Luz verde tuvo el proyecto del gobierno que modificó el decreto que regula la interceptación de comunicaciones telefónicas y la conservación de datos -como llamadas o uso de datos móviles- para casos excepcionales como la sospecha de un delito y que está establecido como excepción en el Código Penal.
El reglamento, que está a la espera de la firma de la presidenta Michelle Bachelet, involucró a las empresas de telecomunicaciones y la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) y a la Subsecretaria de Telecomunicaciones.
El reglamento exige a las firmas mantener grabadas por un periodo de dos años todos los datos de las comunicaciones: desde llamadas realizadas, datos del suscriptor, direcciones IP, destino de comunicaciones (teléfono al que se llamó), hasta links que se visitan y los equipos terminales intervinientes y la ubicación georeferenciada de todos los clientes que actualmente tienen las empresas de telecomunicaciones. Esto incluye sistemas de mensajería, tráfico de datos y voz de las comunicaciones, así como datos derivados de aplicaciones como WhatsApp.
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).