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Publicado: Miércoles 16 de agosto de 2017 a las 04:00 hrs.
Luz verde tuvo el proyecto del gobierno que modificó el decreto que regula la interceptación de comunicaciones telefónicas y la conservación de datos -como llamadas o uso de datos móviles- para casos excepcionales como la sospecha de un delito y que está establecido como excepción en el Código Penal.
El reglamento, que está a la espera de la firma de la presidenta Michelle Bachelet, involucró a las empresas de telecomunicaciones y la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) y a la Subsecretaria de Telecomunicaciones.
El reglamento exige a las firmas mantener grabadas por un periodo de dos años todos los datos de las comunicaciones: desde llamadas realizadas, datos del suscriptor, direcciones IP, destino de comunicaciones (teléfono al que se llamó), hasta links que se visitan y los equipos terminales intervinientes y la ubicación georeferenciada de todos los clientes que actualmente tienen las empresas de telecomunicaciones. Esto incluye sistemas de mensajería, tráfico de datos y voz de las comunicaciones, así como datos derivados de aplicaciones como WhatsApp.
La firma fundada por dos exejecutivos de PedidosYa en menos de un año pasó de cuatro a 200 usuarios de su solución y acaba de cerrar su primer cliente corporativo en México, país donde abrirá una operación local en 2026.
Al abrir la segunda jornada del Alternatives Summit en Ciudad de México, Trivelli destacó la incursión de la firma en ese enorme mercado en medio de la expansión de los fondos de pensiones locales.
La iniciativa, que busca ampliar los bonos a operadores de taxis, transporte escolar y pequeñas embarcaciones pesqueras y prolongar el plazo de aporte al Fogape, fue remitida este miércoles al Ejecutivo para su promulgación.