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Publicado: Miércoles 16 de agosto de 2017 a las 04:00 hrs.
Luz verde tuvo el proyecto del gobierno que modificó el decreto que regula la interceptación de comunicaciones telefónicas y la conservación de datos -como llamadas o uso de datos móviles- para casos excepcionales como la sospecha de un delito y que está establecido como excepción en el Código Penal.
El reglamento, que está a la espera de la firma de la presidenta Michelle Bachelet, involucró a las empresas de telecomunicaciones y la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) y a la Subsecretaria de Telecomunicaciones.
El reglamento exige a las firmas mantener grabadas por un periodo de dos años todos los datos de las comunicaciones: desde llamadas realizadas, datos del suscriptor, direcciones IP, destino de comunicaciones (teléfono al que se llamó), hasta links que se visitan y los equipos terminales intervinientes y la ubicación georeferenciada de todos los clientes que actualmente tienen las empresas de telecomunicaciones. Esto incluye sistemas de mensajería, tráfico de datos y voz de las comunicaciones, así como datos derivados de aplicaciones como WhatsApp.
Para los expertos, los datos del INE refuerzan que existe una situación crítica, y piden, poner atención en la duración del desempleo, el cual llega a los 7,6 meses en promedio.