“No cometí un crimen de responsabilidad. No tengo cuentas en el exterior, nunca recibí sobornos. Este es un proceso jurídicamente inconsistente y frágil, desencadenado contra una persona inocente y honesta”.
Con esas palabras se defendió ayer Dilma Rousseff de las acusaciones por las que a partir de ahora se le someterá a un juicio político, tras ser notificada oficialmente ayer de que quedó suspendida de sus atribuciones como presidenta de Brasil. Esto, pocas horas después de que el Senado terminara durante la madrugada de votar a favor del inicio del impeachment contra la primera mujer en llegar a la Presidencia de Brasil, acusada de esconder el déficit fiscal.
Momentos después de que la mandataria fuera informada de la medida, el vicepresidente Michel Temer -ahora su rival político- recibió y firmó el oficio que le indicaba que tendría que hacerse cargo del país. El presidente interino apareció en público en la tarde de ayer, en una ceremonia en que los 21 ministros ya nombrados firmaron, uno a uno, su entrada al gabinete.
“Yo pretendía que esta ceremonia fuera extremadamente sobria y discreta, acorde con el momento que vivimos”, dijo, al iniciar su intervención. Agregó que “al pueblo de Brasil, la primera palabra es la confianza. Confianza en la recuperación de la economía nacional y en el potencial de nuestro país, en la vitalidad de nuestra democracia”.
Rousseff promete luchar
Pese al cambio de gobierno, las tensiones políticas en el país no se han desvanecido y prometen seguir complicando el escenario.
La jornada de Rousseff partió con un discurso en el Palacio de Planalto, casa oficial del gobierno brasileño, donde insistió reiteradamente en que su destitución representa un golpe de estado. Rodeada de sus ministros, colaboradores y parlamentarios oficialistas, aseguró que “los actos que practiqué fueron legales y necesarios. Fueron actos idénticos a los que realizaron presidentes que me antecedieron. No eran crímenes en su época y no son crímenes ahora”.
Ya fuera del Palacio de Planalto, la suspendida mandataria reiteró muchas de esas palabras frente a una multitud que la esperaba en las puertas de Planalto. Tras ella, visiblemente emocionado, estaba su mentor político y ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
En esta intervención, la mandataria también efectuó un llamado a la protesta. “A los brasileños que se oponen al golpe, independientemente de las posiciones partidistas, hago un llamado. Manténganse movilizados, unidos y en paz”, sentenció.
Rousseff también aseguró que logrará sobrevivir al juicio político y regresará al gobierno cuando haya demostrado su inocencia. “Jamás vamos a dejar de luchar. La lucha contra el golpe es larga, pero puede ser vencida. Esta victoria depende de todos nosotros. Nuestra democracia es joven, hecha de luchas, de sacrificios, de muertes”.
Sin embargo, eso parece poco probable. De los 77 senadores que votaron el impeachmente, 55 lo hicieron a favor, bastante más de los 40 que se requerían. La moción no sólo logró la mayoría simple necesaria para iniciar el proceso; el número de parlamentarios que votó contra Dilma también fue superior al necesario para, eventualmente, destituirla: una vez que termine el proceso, se necesitan 54 votos para poner fin definitivo al cuarto gobierno del Partido de los Trabajadores.
Salvación nacional
El presidente interino tuvo palabras para la suspendida mandataria y trató de ir más allá de la confrontación. “A la presidenta Dilma Rousseff: no quiero discutir por qué se la suspende. Quiero resaltar la importancia de respetar las instituciones”.
Temer también tuvo respuesta para el llamado de la líder del PT a las movilizaciones: “como he dicho antes, es urgente pacificar la nación y unificarnos a todos. Es urgente un gobierno de salvación nacional, con partidos unidos y con el pueblo brasileño. (...) Las palabras no deben hacer sentir peor a las personas, sino que deben unificar. Debemos estar unidos y moderados.(...) El diálogo es el primer paso para salir de la crisis”.
El nuevo presidente interino también hizo referencia a la crisis acusada por los estados brasileños, que han tenido problemas para pagar servicios básicos y sueldos del sector público. “Creo en la revisión del pacto federal, de los estados y las ciudades, que deben tener mayor autoonomía, bajo una federación real y no una artificial, como tenemos ahora”, señaló.
El tiempo y la narrativa
La tarea que asume Temer es esencialmente económica. El año pasado, el PIB se contrajo 3,8%. Durante el gobierno saliente, Brasil bajó las tasas de interés al menor nivel de su historia, reprimió la inflación artificialmente y otorgó facilidades impositivas a las empresas, sin que ello ayudara a la confianza de los inversionistas. Cuando el gobierno comenzó a permitir que los precios regulados subieran, a partir de 2015, la inflación llegó a los dos dígitos.
Los economistas consultados por el banco central en la encuesta Focus esperan que el país retome el crecimiento económico en 2017; las previsiones apuntan que el PIB se expandiría 0,5%.
La principal misión de Michel Temer ahora será desacelerar el aumento de los precios al consumidor, reparar las finanzas públicas y recuperar la confianza de los inversionistas.
El éxito de su administración dependerá en gran medida de su capacidad de generar alianzas en el Congreso Nacional. Medios brasileños calculaban que su base de apoyo era de entre 250 y 300 de los 513 diputados, lo que no garantiza la aprobación de cambios en la Constitución, pero sí le permitiría cambios menores. Para las grandes reformas, será necesario que negocie con partidos menores.
En su contra, Temer tiene la agitación social que ha generado la salida de Rousseff -expresada en protestas y manifestaciones durante toda esta semana- y la investigación de la justicia. Aunque no es directamente investigado, el presidente interino de Brasil es vinculado con el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, pues políticos cercanos a él y miembros altos de su partido, el PMDB, están bajo indagatorias.
La apuesta será mantener la narrativa del “gobierno de salvación nacional” y evitar vincular a su administración con la corrupción.
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