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REGÍSTRATE AQUÍEl proyecto pasaría a la Cámara de Diputados la próxima semana y luego al Senado. El gobierno espera que se apruebe antes de la primera semana de junio.
Por: María Gabriela Arteaga
Publicado: Lunes 11 de febrero de 2019 a las 04:00 hrs.
El gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil inicia hoy una etapa crucial de refuerzo de las gestiones para conseguir el mayor respaldo posible a su proyecto de reforma de pensiones, que está previsto ingrese en una semana más al Congreso, con miras a ser aprobado antes de junio.
La semana pasada se filtró un borrador que plantea cambios más radicales que los que hasta ahora se habían propuesto por el Ejecutivo, especialmente en cuanto a la edad mínima de jubilación, los años de contribución y el sistema de reparto.
El propio ministro de Economía, Paulo Guedes, manifestó que éste sería un proyecto “amplio” y basado en la “igualdad y no en los privilegios”, lo que encendió nuevamente el debate por la posible inclusión de los militares al sistema. También adelantó que buscarán no afectar los derechos laborales.
El ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados –para luego pasar al Senado- dependerá de la plena recuperación del jefe de Estado, quien se sometió a una operación a fines de enero y quien deberá dar el visto bueno a las modificaciones.
El documento que se conoció la semana pasada establece una edad mínima de jubilación de 65 años para todos: hombres y mujeres, sector público y privado. Para los empleados públicos, que esperaban poder jubilarse -como lo hacían antes- apenas cumplidos los 50 años, esta sería una ventana para nuevas trabas.
Además, se fija la exigencia de 40 años de contribuciones para que una persona pueda obtener el 100% de su pensión y se crea un componente obligatorio de “contribución definida” o “capitalización”.
Este modelo sustituiría al actual sistema de reparto, mediante el cual el Estado gestiona las contribuciones de los trabajadores en un fondo único alimentado con retenciones.
También podría ser contemplada la incorporación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Para ellos, está en discusión el aumento del tiempo de servicio del militar de 30 a 35 años, una edad mínima para pasar a la reserva y el cobro de una alícuota de 11% de contribución a los pensionistas, que hoy están exentos.
Actualmente, son los funcionarios activos o retirados los que aportan ese porcentaje sobre su rendimiento. De este total, el 7,5% se destina al pago de pensiones y el restante para la financiación de la salud. Es decir, su contribución se mantiene al pasar a retiro, pero no hay un aporte para financiar la jubilación.
En un mensaje escrito por Bolsonaro desde el hospital y enviado al Parlamento, el jefe de Estado pidió apoyo de los legisladores y dijo que “al reformar el régimen de jubilaciones, la confianza sube, los negocios mejoran, el empleo aumenta y se inicia un ciclo virtuoso”, en el que se reducirá el crónico déficit fiscal y se incentivará a la empresa privada como motor de la economía.
Con él coinciden analistas que consideran que este proyecto podría ser un gran paso para que el país vuelva a la senda del crecimiento después de la aplastante recesión de los años 2015 y 2016.
Las expectativas de una aprobación ha devuelto la esperanza a los inversionistas que han visto como, por años y durante diferentes administraciones, el plan ha fracasado.
Sin embargo, una salida exitosa en esta oportunidad no está tan asegurada. La propuesta no ha logrado pleno consenso ni siquiera dentro del mismo Ejecutivo.
Respecto de la propuesta de edad mínima, el vicepresidente Hamilton Mourão señaló que “eso es decisión del presidente”. “Él no está de acuerdo y yo tampoco”, dijo el general conocido por sus posiciones ultraconservadoras.
A él se suma la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, quien considera demasiado elevada la edad de jubilación para los trabajadores rurales. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados recién reelecto, Ricardo Maio, dijo que es posible llegar a una reforma sin perjudicar a los más pobres que, según dice, son los que ya trabajan hasta los 65 años.
Según Eurasia Group, el riesgo de que no haya reforma es alto, con un 30% de probabilidad.
Corte Suprema respaldó el actuar de la alcaldía, pero el privado busca una millonaria indemnización, lo que ya fue rechazado por la justicia en primera instancia.
El anuncio, que la secretaria de Estado realizó durante la cuenta pública desde la Universidad de O´Higgins en Rancagua, refleja una leve alza respecto de la última medición de 2022 que lo situó en 0,38%.