Ayer, y por segunda vez, fue diferida la audiencia de apelación del líder opositor venezolano, Leopoldo López, quien se encuentra detenido desde hace más de 29 meses bajo una condena de casi catorce años de prisión.
El abogado que dirige el equipo defensor del político, Juan Carlos Gutiérrez, informó que en esta ocasión la decisión de postergar la cita fue atribuida a “problemas de traslado” desde el centro de reclusión, debido a una protesta que habría bloqueado la vía por dónde pasaría. Según denunció, en ningún momento hubo intención de movilizar a López, lo que indica que se tenía previsto no celebrar la audiencia. “Esto no es imputable a mi defendido ni a la defensa (...) exigimos su liberación inmediata”, dijo.
Para la sesión de ayer, también viajaron a Caracas Alberto Ruiz-Gallardón, ex ministro español de Justicia, y el abogado ibérico, Javier Cremades, que se sumaron en calidad de asesores internacionales, aunque su ingreso a la sala fue impedida. Ruiz Gallardón recomendó que a López se le conceda de inmediato la libertad condicional mientras se realiza la apelación porque, de lo contrario, se estarían violando sus derechos.
La presentación debió hacerse originalmente el 20 de junio pero fue cancelada por problemas de salud de una jueza.
Denuncia de familiares
El día previo, la madre de López, Antonieta Mendoza, había denunciado que el pasado 30 de junio un grupo de funcionarios del organismo de inteligencia ingresó armado a la celda del opositor y se llevó unos documentos que él venía preparando para su defensa y que serían presentados en la audiencia.
Visita impedida
En tanto, ayer también fue impedida una visita que pretendía realizar una comisión del Parlasur –órgano legislativo del Mercosur– a dos de los 123 llamados presos políticos, que se encuentran bajo la figura de detención domiciliaria.
El representante de Uruguay, Gustavo Penadés, explicó que no recibieron permiso de las autoridades y aseguró que “quien no quiere que se den las visitas es porque tiene algo que ocultar”.
Recordó que el próximo martes Venezuela debería recibir, de manos de su país, la presidencia pro témpore del bloque regional y que “si uno quiere los beneficios de integrar el Mercosur, también hay que cumplir las obligaciones”, vinculando así directamente el caso de los opositores en prisión con la negativa de la mayoría de los miembros a que el país asuma la titularidad.
Los integrantes del grupo se reunirán el lunes para discutir qué decisión tomarán sobre el caso y si optarán por posponer el traspaso, al menos hasta agosto, para darle tiempo al Ejecutivo de Nicolás Maduro de cumplir con ciertos requisitos en “materia de normas y temas cambiarios”.
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